Protegerán a 466 candidatas contra violencia política


Uno de los objetivos es Informar a las candidatas sobre la violencia política de género y orientarlas en cómo pueden denunciarla

Consejeras del Instituto Electoral del Estado que integran la comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, dieron a conocer los avances en materia de equidad de género que va desde la postulación de candidaturas, el lenguaje no sexista y el protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.

Sobre el protocolo para la atención de la violencia política, la consejera Alejandra Martínez, indicó que va dirigido a las 466 candidatas mujeres que participan en las campañas locales para ayuntamientos y diputaciones locales que incluye una red de comunicación entre éstas y la comisión de equidad del IEE y los 10 consejos municipales electorales.

Martínez Fuentes explicó que esta red de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, e involucra al Instituto Nacional y los Organismos Públicos Electorales Locales para implementarse en el periodo electoral; es decir, en el estado de Colima del 29 de abril al 27 de junio, con tres objetivos fundamentales: Informar a las candidatas sobre la violencia política de género y orientarlas en cómo pueden denunciarla en caso de que se presente.

“El segundo de los propósitos es dar seguimiento a una denuncia política de género y el tercero es llevar un registro de la violencia hacia las mujeres para concentrarla en una base de datos nacionales que formará parte de un informe nacional, una vez que haya concluido el proceso electoral. Dicha red a nivel estatal es coordinada por la consejera electoral, Noemí Herrera Núñez, presidenta de la Comisión de Paridad”, refirió.

Finalmente, comentó la consejera Alejandra Martínez que la violencia política hacia las mujeres son aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen de una mujer por ser mujer, tienen un impacto sobre ellas o les afecta, con el objeto de anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Puede ser física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y feminicida.