Con 58 defensores de derechos humanos asesinados desde 2018, Oaxaca se ha convertido en la entidad más peligrosa para activistas, periodistas y organizaciones sociales
Oaxaca se ha consolidado como el estado más peligroso para organizaciones sociales, activistas y defensores de derechos humanos, según el informe del proyecto Alas y Raíces, que documenta 58 asesinatos y seis desapariciones de líderes comunitarios desde 2018. La violencia y la criminalización de los movimientos sociales han generado un clima de tensión que amenaza con recrudecerse.
A pesar de que el gobierno estatal defiende un supuesto descenso en los índices de criminalidad, Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas, reconoce que la actitud confrontativa del gobernador Salomón Jara Cruz ha generado reacciones adversas. Organizaciones y líderes sociales advierten que la estrategia gubernamental busca dividir y desmovilizar a la oposición, mientras que su postura hacia los movimientos sociales es vista como una contradicción con su propio pasado militante en la Unión Campesina Democrática.
Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), acusa al gobernador de intentar desarticular la resistencia social mediante la cooptación y el desconocimiento de organizaciones disidentes. “Busca la desmovilización”, afirma, señalando que algunas agrupaciones ya han sido alineadas con el discurso oficial.
Un creciente movimiento en Oaxaca está articulando demandas de revocación de mandato para 2026. Carlos Beas Torres, líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), denuncia que 24 de sus compañeros han sido criminalizados para obligarlos a ceder sus tierras a cambio de compensaciones ínfimas. “Oaxaca sigue siendo el estado con más ataques a defensores de derechos humanos y del territorio”, advierte.
El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario de bienes ejidales y miembro de Ucizoni, ha encendido aún más la indignación social. La Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (Unapo) ha responsabilizado a las políticas impuestas por el megaproyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec, señalando que la violencia y los conflictos territoriales son consecuencia directa de su implementación.
El reporte de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) destaca que, de 225 activistas asesinados en México entre 2018 y 2025, 58 eran de Oaxaca. Marcos Leyva, integrante de Educa, sostiene que la tendencia apunta hacia un endurecimiento de la represión, lo que podría desembocar en un estallido social.
Mientras el gobierno estatal insiste en que las críticas provienen de sectores opositores del “viejo régimen”, líderes de organizaciones como el Frente Popular Revolucionario denuncian una estrategia de desmantelamiento de la disidencia y de control social mediante grupos de choque. “No hay una primavera oaxaqueña, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos, es imposible hablar de mejoría”, sentencia Carlos Daniel Lara Juárez.
El malestar social crece en Oaxaca y, según Alejandro Cruz, de la Organización India por los Derechos Humanos, las protestas aisladas podrían convertirse en un movimiento social más estructurado. “Los cambios provienen siempre de la organización social”, concluye.