El gobierno federal lleva mes y medio sin presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública al Senado, pese a que la Constitución lo ordena
El Ejecutivo federal se encuentra en falta por no haber entregado aún la Estrategia Nacional de Seguridad Pública al Senado, un documento clave para la aprobación y ejecución de las políticas de seguridad del país. Según el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución, el plan debió presentarse el 1 de febrero, fecha de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, pero hasta ahora no se ha cumplido con esa disposición.
El artículo 69 establece que en el primer año de cada sexenio, el presidente en turno debe presentar el documento al Senado para su autorización y posteriormente informar anualmente sobre su implementación y resultados. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el plan en tiempo y forma, y fue aprobado en abril de ese año.
La estrategia de seguridad aprobada hace seis años contemplaba opciones para que los delincuentes dejaran la actividad criminal, como la reinserción a través de emprendimientos legales y un diálogo directo con ellos basado en actos de contrición.
En diciembre pasado, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, a propuesta del coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exhortó al gobierno federal a que el nuevo plan incluyera una consulta a gobernadores, presidentes municipales y sociedad civil. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado resultados ni respuestas a esa solicitud.
A diferencia de lo ocurrido en 2019, ahora Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo cuentan con la mayoría legislativa, lo que les permitiría aprobar la Estrategia sin necesidad de negociar con la oposición.
Obligaciones constitucionales en materia de seguridad:
El Ejecutivo federal debe presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el primer año del sexenio.
El Senado debe aprobar dicho plan.
Cada año, la presidencia debe informar sobre los avances en la implementación de la estrategia.
El retraso en la entrega del plan genera incertidumbre sobre la política de seguridad del actual gobierno y abre la puerta a cuestionamientos sobre su enfoque en el combate a la delincuencia.