México se encuentra en una encrucijada judicial. La reciente reforma a la Ley de Amparo ha modificado la forma en que los jueces pueden otorgar la suspensión provisional y definitiva, herramientas clave para evitar abusos y proteger los derechos humanos durante un juicio. La pregunta es: ¿se corrige una distorsión del sistema o se limita el acceso a la justicia?
El juicio de amparo es una institución de orgullo nacional. Su función primordial es garantizar la protección de los derechos humanos cuando una autoridad emite un acto que los vulnera.
En este proceso, la suspensión juega un papel vital: impide que se siga ejecutando el acto reclamado, hasta que se resuelva el fondo del juicio. Sin este mecanismo, los afectados continuarían sufriendo las consecuencias de una posible injusticia hasta que se dicte una sentencia definitiva, lo cual podría tardar años.
La suspensión, bien utilizada, protege a los ciudadanos de atropellos del Estado. Si a alguien le despojan injustamente de su propiedad, si le quitan a su hijo sin fundamento legal o si una ley inconstitucional amenaza sus derechos, la suspensión impide que el daño se consuma. Esta salvaguarda ha sido un pilar del derecho de amparo y, en términos ideales, debería ser intocable.
Sin embargo, el juicio de amparo también ha sido utilizado para frenar la ejecución de sentencias en litigios prolongados. En México, hay casos en materia agraria, civil y penal que duran décadas gracias a la interposición de múltiples amparos con el único objetivo de retrasar la justicia. Hay juicios agrarios que han tardado hasta 40 años y litigios penales de 20 o 30 años, debido a la manipulación de los objetivos del Amparo.
Este abuso no solo afecta a los particulares, sino que también socava la credibilidad del sistema judicial. Muchos jueces han tolerado estas prácticas, otorgando suspensiones incluso cuando es evidente que se busca retardar la ejecución de una sentencia legítima. Con ello, el amparo deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un obstáculo procesal.
El uso indebido del juicio de amparo no es exclusivo de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a Guatemala en el Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala (2009) por el uso abusivo del amparo, lo que permitió la impunidad en un caso de violaciones graves a los derechos humanos. Este precedente debería encender las alarmas en México, pues corremos el riesgo de una condena similar si no corregimos estos vicios procesales.
Es fundamental entender que el amparo no puede ser un arma de doble filo. Debe servir para proteger a los ciudadanos, pero no para obstruir la justicia. El artículo 17 de la Constitución exige que los juicios sean expeditos y que el acceso a la justicia no sea obstaculizado por tácticas dilatorias.
El desafío ahora del actual juicio de amparo es que los jueces de distrito sean más estrictos en la concesión de suspensiones. Si bien deben proteger los derechos humanos con firmeza, también deben evitar que los litigantes utilicen el amparo como un pretexto para prolongar los juicios indefinidamente.
La justicia mexicana debe evolucionar para garantizar que el amparo siga siendo un instrumento de defensa constitucional, sin que se preste a maniobras dilatorias.
Si no logramos este equilibrio, el país podría enfrentar consecuencias internacionales y, peor aún, la ciudadanía podría perder confianza en un sistema que debe servir para protegerla, no para beneficiarse del abuso de unos cuantos.
México tiene la oportunidad de corregir su rumbo. La pregunta es si el Poder Judicial estará a la altura del reto, creo sí; porque claro, si podemos hacerlo, sólo basta con proponérselo.
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