La reforma constitucional, promulgada a principios de este año, introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Entre los aspectos más controvertidos está el hecho de otorgar mayores facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atraer casos de “interés nacional”; definición y términos que los críticos argumentan de ser demasiado ambigua y que puede ser utilizada para controlar o determinar sentencias o decisiones judiciales clave.
También resultó muy objetado el proceso de nombramiento de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que dio prácticamente el control a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que, mediante una amañada selección, muchos fueron producto de “una tómbola”, que determinó quienes serían los candidatos para participar en la farsa electoral que compromete la independencia de casi todos los nuevos miembros del Poder Judicial.
La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal dio paso a la creación de un nuevo órgano disciplinario de corte inquisidor, denominado Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la potestad de separar de su función a jueces, magistrados y ministros, sí a su juicio no resuelven correctamente un caso; facultad de criterio subjetivo que pondrá en entredicho la independencia del poder judicial, que en opinión de analistas ayudaría a que los asuntos resueltos en contra de las políticas del ejecutivo o contra las leyes a modo que dispongan, vulneren los derechos humanos de todas y todos los afectados, al ser manipulados y obligados los impartidores de justicia, a resolver siempre a favor del gobierno.
Estas mal procesada reforma rompe la separación de poderes en México al dejar en manos del Ejecutivo una perniciosa injerencia, cuya sesgada influencia afectará la composición y funcionamiento del Poder Judicial, vulnerando su independencia; además de que la concentración de poder a esta nueva Corte, junto con la reducción de otras instancias judiciales, disminuye la capacidad de operación del sistema judicial para actuar como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado.
Sobre este grave tema, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por esta reforma, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución internacional reconocida por su objetividad, que ha emitido un pronunciamiento para advertir sobre los riesgos que representa para la independencia judicial y el Estado de Derecho en México. Por su parte el Banco Mundial, en su informe anual sobre el Estado de Derecho en diversos países, señaló a México como un caso preocupante por la implicación de esta reforma, advirtiendo sobre su “potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.”
La reforma constitucional, promulgada a principios de este año, introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal.
La reforma judicial en México, tanto a nivel constitucional como en sus leyes secundarias, representa un golpe significativo en la separación de poderes y el Estado de Derecho en el país. Mientras tanto el gobierno de la 4T sostiene que “estos cambios son necesarios para combatir la corrupción y agilizar el sistema judicial”, mientras que decenas de críticos y organismos internacionales advierten sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en manos del Ejecutivo y la SCJN como su instrumento de control.
El futuro del sistema judicial mexicano y, por consecuencia de la débil democracia, dependerá de la repercusión de dicha reforma y de la capacidad de la sociedad civil, la prensa y las instituciones independientes para mantener los ineludibles contrapesos en el ejercicio del poder.
No obstante que la comunidad internacional seguirá de cerca este desarrollo, consciente de que lo que está en juego es nada menos que la integridad del sistema democrático en una de las economías más grandes de América Latina, aquí en México, millones de ciudadanos que no votamos por la desastrosa “reforma judicial”, (cuyo error de origen proviene de la imposición de una mayoría legislativa de clara violación constitucional) esperábamos que al arribar al cargo que les heredó AMLO, mediante el ardid del uso masivo de acordeones con los nombres de los ungidos, que en la práctica no fueron electos por los aleccionados votantes, sino por la camarilla oficialista, que tendrá a un puñado de impartidores de justicia, que responderán a los dictados de un siniestro personaje, más que a su compromiso de velar por la vigencia de la Constitución mexicana.
Esta “nueva corte” no puede responder a los mandatos del pueblo, ya que 9 de cada 10 electores le dieron la espalda al repudiar esa farsa que no les da legitimidad para una función o responsabilidad jurídica. La puntillosa senadora Lily Téllez, los ha ridiculizado con el mote de “los ministros del acordeón”. Su toma de protesta fuera de toda solemnidad y protocolo se convirtió en un show de brujería y superchería, degollando a una pobre gallina, por quienes deben velar por la ley de protección animal y el estado de derecho, violando la laicidad que consagra la Constitución que juraron respetar.
Lo único bueno que acordaron es rebajar sus muy altas percepciones para ganar menos que el ingreso del titular del Ejecutivo, así como anunciar la eliminación de gastos médicos mayores que disfrutaban prometiendo acudir al ISSSTE para atender su salud. Los tendremos en la mira ciudadana.