Al menos seis compañías bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la trama de huachicol fiscal han obtenido contratos millonarios con dependencias del Gobierno Federal, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los nombres de estas empresas, dedicadas a la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos, aparecen en la causa penal 325/2025, que derivó en órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República (FGR) señala a varias compañías del sector energético por posibles conductas ilícitas.
Entre las compañías señaladas figura Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V., que arrienda plataformas de perforación a Pemex desde hace más de una década. En 2022, obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para operar en aguas del Golfo de México. También cuenta con autorizaciones de Semar para sus plataformas Santa María y Covadonga. En la causa penal se le vincula con Galem Energy, empresa señalada por ingresar combustibles sin documentación de origen.
Otra compañía mencionada es Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., contratada por la UNAM para suministrar diésel marino al buque oceanográfico El Puma entre junio de 2022 y junio de 2024. Aunque su permiso de importación fue cancelado por incumplimientos a la Ley de Hidrocarburos, continúa activa como proveedora en los puertos de Mazatlán, Topolobampo, Manzanillo y Guaymas.
También figuran Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., autorizada por Semar para el manejo de residuos en puertos de Tabasco; Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V., contratada por Conagua en 2019; Ecocarburante S.A. de C.V., proveedora de diésel para la construcción del AIFA; y Energética Carvel S.A. de C.V., contratada por el Gobierno del Estado de Chihuahua pese a operar con permisos de comercialización caducados.