La figura presidencial en México es un símbolo muy respetado, reconocido y valorado. Siempre se ha dicho que aquí se le ve como el tlatoani, la máxima representación de la autoridad. Nadie, por ningún motivo, ha intentado violentar esa imagen, aunque en la historia se han dado algunos casos aislados. Lo ocurrido días atrás con la presidenta fue una clara violación: una persona se acercó y la acosó. Algunos argumentan que el incidente se percibió como un ataque contra la mujer, pero no hay que olvidar que ella es la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Esto envía una mala señal, pues cuenta con un aparato de seguridad que debe velar para que tales situaciones no ocurran.
La protección al presidente —o a la presidenta, en este caso— debe ser total, porque es quien nos representa a todos los mexicanos en la máxima investidura del país. Al verse vulnerada, también se vulnera la imagen de México y de sus ciudadanos. Creo que debe haber mayor cuidado, ya que el presidente siempre ha sido una figura de profundo respeto. Nunca se le ha permitido tutearlo ni hablarle con excesiva confianza; siempre se ha guardado una distancia respetuosa por su investidura.
Ese respeto se extiende a gobernadores y presidentes municipales. No se trata tanto de la persona, sino de lo que representan: el voto popular que los inviste de una figura republicana y el símbolo de las instituciones democráticas del país, los estados y los municipios. Por ello, ese respeto es fundamental.
En México, la investidura presidencial trasciende la mera función ejecutiva para convertirse en un emblema cultural e histórico, arraigado en tradiciones prehispánicas y consolidado por la Constitución de 1917. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional en 1929, esta investidura ha impuesto un “halo de superioridad” que representa la unidad y dignidad nacional, y cualquier atentado contra ella repercute en la sociedad entera. Sin embargo, la historia republicana está plagada de momentos en que este respeto se ha erosionado, ya sea por golpes de Estado, escándalos de corrupción o agresiones directas que exponen la fragilidad de la figura presidencial ante el machismo, la polarización política y la impunidad.
El reciente incidente sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum ilustra esta tensión de manera dolorosa. Mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México, saludando a simpatizantes en un gesto de cercanía popular heredado de su antecesor, un hombre ebrio se acercó, la abrazó sin consentimiento, intentó besarla y la tocó indebidamente. El video del acoso, viralizado en redes sociales, capturó el momento en que Sheinbaum, manteniendo una compostura estoica, apartó las manos del agresor y accedió a una selfie para desescalar la situación, mientras su equipo intervenía tardíamente. Horas después, el hombre fue detenido, acusado de abuso sexual agravado, un delito tipificado en el Código Penal local con penas de hasta cuatro años de prisión.
Sheinbaum, en su conferencia matutina, no solo denunció el hecho ante la Fiscalía General de Justicia, sino que lo elevó a un llamado nacional: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres de nuestro país?” Esta respuesta resalta la intersección entre el acoso de género y la violación a la investidura: no fue solo un ataque a la mujer, sino a la institución que representa la soberanía mexicana. El 15.5% de las mujeres mexicanas ha sufrido acoso sexual, cinco veces más que los hombres, y más del 90% de los casos no se denuncian. El incidente de Sheinbaum, como símbolo de poder femenino, amplifica esta realidad, cuestionando la efectividad del aparato de seguridad presidencial y la cultura de impunidad que permea la sociedad.
Esta vulnerabilidad no es un hecho aislado en la historia mexicana. Desde la Independencia, la figura presidencial ha sido blanco de irrespetos que reflejan las fracturas sociales y políticas del país. En el siglo XIX, presidentes como Benito Juárez enfrentaron no solo invasiones extranjeras, sino traiciones internas que minaron su autoridad, como el golpe de Porfirio Díaz en 1876, que prolongó un régimen autoritario por tres décadas y erosionó el respeto a las instituciones democráticas. En el siglo XX, la Revolución Mexicana vio atentados directos contra presidentes: Álvaro Obregón fue asesinado durante un banquete público, un acto que simbolizó la inestabilidad posrevolucionaria y la dificultad de transitar hacia un presidencialismo estable.
En épocas más recientes, el irrespeto ha mutado hacia formas simbólicas y estructurales. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la controvertida elección de 2006, marcada por acusaciones de fraude, culminó en una investidura de apenas cinco minutos, con Calderón entrando por una puerta trasera del Congreso ante protestas masivas, lo que degradó la solemnidad de la ceremonia. Otro caso señalado como leyenda urbana fue cuando supuestamente Javier García Paniagua golpeó al presidente López Portillo, porque no lo puso de candidato presidencial.
Incluso expresidentes han sido blanco de campañas retrospectivas de descrédito. En 2021, el presidente López Obrador impulsó una consulta popular para juzgar a sus cinco antecesores por corrupción y violaciones a derechos humanos, un ejercicio que, aunque no prosperó legalmente, revivió debates sobre la rendición de cuentas y el respeto histórico a la figura presidencial. En redes sociales, el acoso a Sheinbaum ha generado reacciones divididas: mientras feministas y aliados condenan la misoginia subyacente, opositores lo tildan de “montaje” para distraer de la violencia política.
Estos casos históricos y contemporáneos subrayan que el respeto a la investidura no es inquebrantable, sino un constructo frágil dependiente de la educación cívica, la igualdad de género y instituciones sólidas. Sheinbaum ha respondido con acciones concretas: una revisión de códigos penales estatales para tipificar el acoso en todo el país y una campaña nacional contra el machismo, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres. Este incidente no solo daña la imagen internacional de México, sino que cuestiona si queda “miedo ni respeto” ante la autoridad.
En última instancia, el tlatoani moderno debe navegar entre la cercanía al pueblo —esencia de la democracia mexicana— y la protección de su dignidad institucional. El acoso a Sheinbaum no es un tropiezo aislado, sino un recordatorio: el respeto se gana con votos, pero se pierde con impunidad. México, con su rica historia de resiliencia, merece una investidura presidencial que inspire no solo obediencia, sino admiración genuina. Solo así, la figura del presidente —hoy, por primera vez, una presidenta— podrá encarnar la unidad que tanto anhelamos.