El Gobierno de Panamá anunció la reorganización de la gestión de cinco de sus principales puertos ubicados en zonas estratégicas adyacentes al Canal interoceánico, tras el fallo inapelable de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato con la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison Holdings.
La decisión afecta directamente a los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, operados desde 1997 por PPC. El fallo responde a dos demandas interpuestas por el contralor general Anel Flores, quien calificó el contrato como “leonino” y perjudicial para los intereses del país.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, confirmó que ambos puertos serán sometidos a una nueva concesión. Mientras se ejecuta el fallo, la operación será asumida temporalmente por APM Terminal Panamá, filial del grupo AP Moller-Maersk, con sede en Países Bajos.
La medida ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica, luego de que en 2025 Estados Unidos intensificara su presión por recuperar influencia en el Canal de Panamá, donde considera una amenaza la presencia de intereses chinos.
CK Hutchison había pactado la venta global de más de 40 terminales —incluyendo los puertos panameños— por cerca de $23,000 millones a un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción quedó congelada tras la intervención del gobierno chino, que exige una participación mayoritaria de la estatal Cosco.