Aseguran que daños superan los US$2 mil millones
Acción se da luego de un mes de la cancelación por parte de Panamá de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa
Panama Ports Company (PPC) a través de un comunicado amplió sus reclamos en el arbitraje internacional contra la República de Panamá, un mes después de la cancelación por parte de Panamá de las concesiones de los terminales de Cristobal y Balboa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema a finales de febrero. La compañía señaló que ahora los daños han escalado más allá de los US$2 mil millones.
Cabe recordar que la cancelación se produjo tras la creciente presión estadounidense para limitar la influencia china en torno al estratégico canal, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
PPC complementa sus reclamos en una presentación realizada el 24 de marzo, basada en las acciones ejecutivas extremas del Estado, la toma, la ocupación, la confiscación de documentos propietarios y protegidos, y un rango de conductas indebidas relacionadas durante más de un mes, “lo cual marca una culminación adicional de la campaña del Estado contra PPC que ha continuado por más de un año”, señaló PPC.
“El Estado ha seguido optando por un camino de conflicto y no ha coordinado sobre acceso a la propiedad ni compensación, realizando en cambio declaraciones inexactas sobre PPC y su propiedad”, agregó la compañía.
Actualmente, el arbitraje avanza su curso bajo el reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
PPC concluyó diciendo que Panamá no ha presentado su respuesta inicial en el arbitraje, asegurando que “Panamá no había contratado abogados y lo utilizó como base de demora. Es una señal inquietante para los inversionistas extranjeros, Panamá está intentando retrasar el arbitraje, arrastrar al caso a partes que no forman parte del contrato aplicable, y continúa su campaña de ataques, tal como PPC había advertido. PPC se reserva el derecho de abordar cualquiera y todos los asuntos formulados por Panamá”, puntualizó.
Cabe mencionar que, a principios de este mes, PPC ya había alegado que Panamá incumplió el plazo del 13 de marzo para responder en el caso de arbitraje, debido a que no contaba con dicha representación legal adecuada.
En contraparte, el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó las acusaciones sobre los retrasos en el proceso de arbitraje de “indignantes” y “una mentira”. Además, afirmó que el gobierno había designado un abogado internacional para defender los intereses del Estado.
