Se pretende aplazar dos años más la aplicación en todo México del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuando faltan menos de seis meses para cumplir el plazo, algunos legisladores proponen modificarlo. La pregunta es inevitable: ¿para qué se concedieron casi cuatro años de preparación si ahora la respuesta vuelve a ser que necesitamos más tiempo?
El código se publicó el 7 de junio de 2023. Su segundo transitorio estableció una implementación gradual, con fecha límite al 1 de abril de 2027. Ese mismo día deberá aplicarse en todo el país, incluso donde no se haya emitido la declaratoria correspondiente.
La falta de preparación no suspende actualmente esa obligación. Esta disposición nos dio cierta tranquilidad. Pensamos que los gobiernos, los congresos y los poderes judiciales trabajarían desde entonces para recibir un sistema que necesitamos con urgencia.
Sin embargo, después de más de tres años, las carencias que ahora se invocan obligan a preguntar qué se hizo, cuánto se invirtió y qué quedó pendiente.
Quienes litigamos conocemos el desgaste de acudir una y otra vez al juzgado sin conseguir que un asunto avance.
Las pensiones alimenticias, las controversias familiares y los conflictos patrimoniales pueden prolongarse durante años. Mientras tanto, las personas pagan abogados, pierden ingresos y viven con incertidumbre.
El artículo 17 constitucional exige justicia pronta, completa e imparcial; la demora injustificada vulnera este derecho. Precisamente por eso importa este código. Impulsa audiencias orales, contacto directo del juez con las partes, expedientes electrónicos y actuaciones a distancia.
Refuerza la protección de niñas, niños, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Su aplicación exige cambiar la manera de trabajar, con procedimientos más accesibles y una atención que responda a las necesidades de las familias.
La Gaceta Parlamentaria del 22 de septiembre de 2026 publicó la iniciativa del diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez y legisladores del PAN para trasladar el límite al 1 de abril de 2029. El documento refiere otra propuesta, presentada el 29 de abril por Enrique Vázquez Navarro, de Morena, que planteaba llevarlo hasta el 31 de enero de 2030.
La iniciativa de septiembre argumenta falta de infraestructura, capacitación práctica, plataformas compatibles, seguridad digital y presupuestos suficientes. Advierte riesgos de notificaciones defectuosas, nulidades y desigualdad entre entidades.
Propone programas públicos, informes semestrales y conservar los avances existentes. Pero no garantiza por sí misma recursos adicionales. ¿Qué asegura entonces que dentro de dos años no escucharemos las mismas explicaciones?
Tampoco sería justo desconocer lo realizado. El Estado de México cuenta con un plan rector que incluye capacitación, infraestructura y tecnología. Baja California y Ciudad de México han emitido declaratorias de aplicación gradual.
Estos avances deben aprovecharse, aunque una declaratoria o un programa no acrediten, por sí solos, que todo el sistema está funcionando. Lo que falta es rendir cuentas con precisión: cuántas salas están listas, quiénes fueron capacitados, qué expedientes electrónicos funcionan y qué presupuesto se ejerció.
Un diagnóstico con información pendiente de verificar no basta para justificar que todo el país deba esperar más. La Federación y las autoridades estatales debieron preparar estas condiciones desde 2023.
Con la reforma judicial y los nuevos juzgadores, mejorar los procedimientos resulta todavía más necesario. Debemos trabajar desde ahora para cumplir en abril de 2027 y continuar perfeccionando el sistema durante su operación, garantizando condiciones mínimas y el debido proceso. Esperar a que todo sea perfecto también puede convertirse en una excusa permanente.
Ojalá el Congreso no apruebe este aplazamiento y concentre sus esfuerzos en hacer posible el cumplimiento. Cambiar repetidamente los plazos para encubrir retrasos vaciaría de contenido el compromiso constitucional de justicia pronta y deterioraría la confianza también en los legisladores.
Cumplamos la palabra legislativa. Las familias mexicanas ya han esperado demasiado.
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