Anularon la elección para gobernador


Anilú Salazar Mejía

Colima, Col.- Con cuatro votos a favor y solo dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección a gobernador en Colima, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá organizar la nueva elección, según se desprende de la sentencia emitida al final de la sesión.

El proyecto presentado por el magistrado Manuel González Oropeza, en el sentido de anular la elección para gobernador en el estado de Colima, fue aprobado en la sesión de ayer.

Entre los argumentos que más pesaron para declarar la nulidad de la elección, está la intervención del secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rigoberto Salazar Velasco, que a través de una grabación de audio exhibida como prueba en el pleno del tribunal, exhorta a una de las funcionarias de su dependencia para que siga trabajando en sus programas sociales a favor de los candidatos del PRI y la coalición PRI-PVEM-PANAL.

Dicha grabación se desprende de la comparecencia que el funcionario estatal tuvo en días pasados en el Congreso del Estado, donde a pregunta expresa de una de las diputadas, reconoce que es su voz la que se escucha en la grabación.

El proyecto original de revisión constitucional emitido por el magistrado González Oropeza y que fue publicado para su consulta varios días antes de la sesión en el sitio web del TEPJF era similar a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado, en el sentido de que los agravios denunciados por el PAN y el candidato Jorge Luis Preciado Rodríguez eran infundados y por lo tanto no influían para la anulación de la elección.

En este sentido, posterior a la comparecencia del titular de la Sedescol en el Congreso, el video donde el secretario de Desarrollo Social reconoce que es su voz la que instruye a la funcionaria a su cargo para que trabaje a favor de candidatos y partidos, fue presentado como prueba por el Partido Acción Nacional ante el TEPJF, donde fue analizado por los Magistrados y en base a esa prueba el proyecto de resolución cambió su sentido por el de la anulación.

Otro de los temas que los magistrados electorales expresaron fue la intervención del Procurador de Justicia del Estado de Colima, que expresó en conferencia de prensa la detención de 3 brigadistas de Acción Nacional por el reparto de tarjetas y donde señaló que todas aquellas conductas indebidas serían sancionadas.

En ambos casos, coincidieron los 4 magistrados que estuvieron a favor de la anulación, intervino una autoridad estatal que depende del C. Gobernador del Estado, prohibición expresa en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado que señala que “el gobernador no puede: Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad”.

Los magistrados que votaron a favor del proyecto de anulación de la elección son: Manuel González Oropeza (proyecto); María del Carmen Alanís Figueroa; Salvador Olimpo Nava Gomar y el Presidente Constancio Carrasco Daza.

Básicamente, el tema de los magistrados que se inclinaron por la anulación fue la intervención, plenamente demostrada, del Secretario de Desarrollo Social en un tema de carácter electoral cuando ya la propia Constitución del Estado establece la prohibición; su intervención era más patente en un período de elecciones ya que entre sus funciones está la ejecución de programas sociales. También invocaron que el artículo 134 de la Constitución General del República establece la misma prohibición para los funcionarios de todos los niveles.

Por su parte, los Magistrados que votaron a favor de la validez de la elección como era el proyecto original, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, argumentaron que si bien existía evidencia de la intervención del Secretario de Desarrollo Social no existían los elementos de prueba que materializaran si lo pedido a la funcionaria se hubiera llevado a cabo.

El Magistrado González Oropeza, quien presentó el proyecto, expresó un reconocimiento al trabajo realizado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado por su trabajo, el cual fue básico para llegar a la resolución inicial, al tiempo que reconoció que las pruebas presentadas por Acción Nacional en la madrugada del pasado miércoles modificaron el resolutivo inicial.

González Oropeza lamentó que la elección haya tenido en la intervención de funcionarios estatales el motivo de su anulación, porque fue una elección “donde no hubo votos mal habidos; porque en votos ganó el candidato del PRI”.

El magistrado también se refirió al autor (Jorge Luis Preciado) y le conminó a que los medios de prueba no se deben mostrar en los medios de comunicación, ni con represalias y “que así como los tratamos con dignidad, deben de tratarnos con la dignidad debida”.

Consideró como grave que se presenten lo que consideró como “presiones indebidas” que traten de influir en el ánimo de la judicatura “lo cual es muy grave en este tribunal”, expresó. Invocó a la Comisión de Venecia, a la cual pertenece con la Consejera Alanís, que privilegia la independencia de los jueces.

Por su parte, el Magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, en su intervención expresó que se deben reforzar los principios de neutralidad de los funcionarios frente a los procesos electorales y señaló “la neutralidad exige un autocontrol de la función pública, sobre todo en desarrollo social.

Para finalizar, Carrasco Daza concluyó con la resolución del pleno una vez obtenida la votación en el sentido de que se revoca la constancia de validez de la elección para gobernador del Estado de Colima así como la entrega de la constancia al candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL. Asimismo declaró la nulidad de la elección en términos del artículo 59 de la Constitución Política del Estado y 134 de la Constitución Federal.

Mencionó se deben investigar a los titulares de la Sedescol y la PGJE por su intervención en el proceso electoral. Que la Fepade investigue para conocer lo relacionado a la obtención de los listados nominales. Que la legislatura convoque a elecciones extraordinarias en términos de los ordenamientos aplicables y que el INE organice la elección de acuerdo a lo establecido por el Cofipe.