CNDH rechaza indulto a Mario Aburto

A 32 años del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la CNDH llamó a agotar las investigaciones ante de otorgar el indulto a Mario Aburto, autor material del crimen.

Se encubriría la verdad del caso Colosio, afirma el organismo nacional

Al advertir “constantes presiones” al gobierno federal para que se dé “carpetazo” al caso del asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, mediante “acciones de aparente ‘justicia’”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que se deben agotar las investigaciones que planteó en su Recomendación 48VG/2021, a fin de privilegiar el derecho al acceso a la justicia de la víctima y su familia, así como el derecho a la verdad.

El organismo nacional, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, externó esta postura frente al planteamiento que hizo el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano), hijo del ex candidato presidencial del PRI, quien pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum otorgar el indulto Mario Aburto Martínez.

“Esta Comisión Nacional advierte que optar por cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”, alertó.

En un pronunciamiento, la CNDH exigió que las instancias encargadas de la procuración de justicia profundicen y determinen lo antes posible las indagatorias en torno a los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994, entre ellos, la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que se encuentra detenido desde el 9 de noviembre de 2025 al ser señalado como el presunto segundo tirador en el homicidio.

En la Recomendación 48VG/2021, se acreditaron actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, y violaciones graves a los derechos humanos durante la detención y reclusión de Aburto Martínez desde 1994. Por lo cual, solicitó reabrir la investigación y que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a los funcionarios que ocultaron o manipularon pruebas.

Por ello, la Comisión pidió que se investiguen los actos de tortura, pues “no se trata únicamente de resolver un caso individual, sino de sentar un precedente histórico que confronte la manipulación de las investigaciones oficiales que se realizaron en aquel tiempo”, también acreditada en dicho instrumento recomendatorio y, “lo más importante, que se reivindique el derecho del pueblo a conocer lo que verdaderamente ocurrió”.

La CNDH también hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se tome en consideración lo aquí asentado, con la finalidad de que puedan emitir una determinación orientada al esclarecimiento de los hechos y el efectivo acceso a la justicia.

Mencionó que Aburto, ha manifestado la necesidad de limpiar su nombre y recuperar su dignidad dentro del procedimiento jurisdiccional al que se enfrenta, ya que a pesar de acceder a beneficios preliberacionales a los que el propio procedimiento le otorga en este momento, no ha optado por ello, ni considerado un posible proceso de indulto

Su caso, consideró la CNDH, simboliza la resistencia frente a un sistema que, durante décadas, pretendió imponer su “verdad”. Por ello, optar por el camino del indulto, significaría exactamente lo mismo, y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad, recalcó.

El organismo nacional consideró preocupante que el cúmulo de violaciones a derechos humanos, sufridas por Aburto y su familia, documentadas en la Recomendación antes citada, hayan permanecido sin la debida atención durante un periodo prolongado.

Por lo que hoy, en un contexto distinto al que prevalecía en 1994 e incluso en el año 2000, “el ejercicio del derecho a la verdad se configura como un elemento fundamental no solamente para el esclarecimiento de los hechos, sino para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y combate la impunidad, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios”.

A 32 años del asesinato de Colosio Murrieta, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, “el Estado mexicano continúa enfrentando no solo las consecuencias de dicho acontecimiento, sino también los desafíos asociados a la impunidad estructural que lo ha rodeado”, señaló la CNDH.