Novena parte
SE ACENTUARON LAS CONDICIONES DE ALERTA
Durante los primeros días de octubre de 1810 estuvieron llegando a la Villa de Colima noticias que tenían que ver con el movimiento insurgente, y todo aquello fue alterando el estado de ánimo de sus habitantes, pero más de quienes se sentían responsables de la salvaguarda del pueblo, y de los familiares o amigos de los 500 milicianos que se trasladaron a Guadalajara el primero del mes.
Entre los informes que por cartas fueron llegando a los curas y al subdelegado, y entre las novedades que difundieron las dos más recientes gacetas publicadas en México, se decía, por ejemplo, que el lunes 2, el general Félix Calleja, Intendente de San Luis Potosí, había logrado armar un ejército para combatir “a los satélites de Bonaparte” que habían iniciado la rebelión en Dolores; que el miércoles 4, Roque Abarca, Intendente de Nueva Galicia, había ordenado “el apronto” (entrega rápida) de seis mil pesos para la compra de “sillas de montar” para los soldados tapatíos; que el jueves cinco se “revivió”, por decirlo así, en la ciudad de México, el “Cuerpo de Patriotas Distinguidos de Fernando VII”, integrado (ojo con esto) con puros “americanos (criollos) y europeos de 16 años en adelante que no estén ya ocupados en el servicio militar” y que tuvieran dinero para mandarse hacer “un uniforme decente”, incitando que quienes tuviesen “caballo propio [… para] hacer el servicio en la caballería”, y esperando que los primeros en alistarse fueran “los individuos de la nobleza y los empleados de las oficinas” de gobierno “para dar este loable ejemplo”.
Pero la nota que tuvo el rebote más inmediato en la dicha villa fue la de que el jueves 5, en Guadalajara se integró una “Junta Auxiliar de Gobierno y Defensa” con 50 individuos igualmente encumbrados y “reconocidos”. Junta que en su primera reunión solicitó al comandante del Regimiento de Dragones de España, acantonado en la misma, el avío “de armas, caballos y demás enseres” para sus integrantes.
Y como las noticias de que el número de los insurgentes iba en aumento continuaron llegando a esa ciudad, el lunes 8 Abarca tomó la que le pareció una decisión de enorme importancia: la de emitir un ordenamiento público dirigido a los responsables de cada subdelegación y a los alcaldes de cada pueblo bajo su gobierno, que consistía en que, así como en Guadalajara se habría de prohibir la entrada y la salida de gente que no tuviese un “pasaporte” debidamente extendido por la autoridad inmediata, así se tendría que proceder en todas las demás poblaciones de la Intendencia. Ordenando que las personas en las que recayera dicha responsabilidad deberían interrogar a los viajeros para que precisaran el / o los propósitos de sus salidas o entradas.
Y amplió, asimismo, una obligación que desde mediados de septiembre le había dado a los mesoneros: la de que ellos y todas las “demás personas que hospeden en sus casas a cualesquiera individuos”, deberían informarlo a las autoridades locales, bajo advertencia de que, de no hacerlo así, se les consideraría “responsables de las resultas” que por ese hecho surgieren “y sufrirían las penas correspondientes”.
Pero no conforme con eso, Abarca decretó también que sería obligación y responsabilidad de “los padres, amos y maestros”, la de cuidar que sus “hijos, criados, aprendices y oficiales” estuvieran “recogidos en sus casas mientras no hubiese necesidad de que anden en las calles”. Que las “tiendas de vinatería y demás puestos en donde se venda mezcal” deberían cerrar antes de las nueve de la noche, de manera que a esa hora tampoco debería haber nadie en la calle, y menos a caballo, a no ser que tuviesen alguna comisión para “cumplir con su ministerio”. Lo que implicaba un toque de queda hasta las cinco o seis de la mañana. (Hernández Dávalos, Tomo II, varias páginas).

Imitando a la Junta de Defensa de la capital de la Nueva España, las de las provincias convocaron a sólo criollos y españoles “distinguidos” a participar en ellas.
FOMENTANDO EL DIVISIONISMO
Todo aquel cúmulo de noticias, más la del presunto alzamiento de los indios de San Francisco de Almoloyan, alteró, como ya dije, el ánimo de las familias criollas y españolas de la Villa de Colima y haciendas, ranchos y trapiches de sus alrededores. Siendo por eso que en la misma asamblea que el Cabildo y los principales vecinos realizaron el día 12, no sólo se tomó el acuerdo de mandar a Martín Anguiano y a Tomás Martínez del Campo, a que recorrieran los dos tramos del Camino Real hacia Tecalitlán y hacia las Barrancas; sino el de que, al igual que se había hecho en Guadalajara, se organizara una “Fuerza de Defensa Interior, a lo menos de cincuenta hombres, treinta de ellos fusileros”, que se armarían con “los fusiles y escopetas que se encuentren entre los vecinos”, y con las lanzas que se habían mandado construir. Enviando para ello un “oficio al Señor Comandante D. Francisco Guerrero del Espinal con el objeto de que se sirva auxiliar […] esta determinación, y que, eligiendo de los soldados supernumerarios de las Compañías [bajo su mando] los más honrados y expertos, nombre de los demás paisanos españoles los que le parezcan más a propósito para componer la fuerza y resguardo interior del lugar, los cuales han de mantenerse acuartelados y en continua disciplina en el uso y ejercicio de las armas para que estén prontos a cualquiera hora que se necesiten; en inteligencia de que de los fondos de Propios se les pagará su prest (salario) a razón de cuatro reales los de infantería y seis reales los de caballería por todo el tiempo que estén acuartelados u ocupados en las funciones del servicio, hasta que cese la causa y necesidad”.
Sobre este punto en concreto cabe recordar que en esa precisa fecha el subdelegado Linares aún tenía presos a “los indios principales de Almoloyan”, y que, pese a haberlos escuchado a todos, y haberse dado cuenta de que sus intenciones para “defender al rey, a la religión y a la patria” eran sinceras, o les seguía temiendo, o los infravaloró, pues cuando se trató de organizar la “Fuerza de Defensa” que se acaba de mencionar, él y los demás “vecinos honrados de la villa”, tosca, mala y despectivamente desdeñaron la participación, no sólo de los almoloyenses, sino de todos los pueblos indios del distrito colimote, pese a que éstos acababan de dar muestras de querer participar en tan importante tarea.
Es posible, sin embargo, que en su afán de prevenirse contra los ataques que pudiesen llegar desde el exterior del distrito, las autoridades locales no se hayan percatado de que al actuar de esa manera estaban atizando la inconformidad popular en vez de apagarla. Pero lo cierto fue que no cambiaron de actitud, y que, tal y como lo reflejan las actas del Ayuntamiento en esos días, sus equívocos raciocinios seguían acrecentando las abominables diferencias de castas que el bando de don Roque Abarca había querido minimizar.
Más allá de los desplantes de superioridad racial que seguían teniendo, resulta que en algún momento del día 14 arribó a la villa, a matacaballo, un propio enviado desde el 12 por el subdelegado de Zapotlán El Grande a su par de Colima. Quien con prontitud rompió el lacre que sellaba el papel, para enterarse de que dicho subdelegado los estaba exhortando a “resguardar el puesto de Mazamitla como punto de forzoso tránsito por donde el partido revolucionario de la sedición debe precisamente pasar para esta jurisdicción, aquella de Zapotlán, Ia de Sayula y la capital de Guadalajara”.

Al deseñar la participación de las demás castas en dichas juntas, las autoridades acentuaron las diferencias sociales y provocaron una mayor animadversión.