EDITORIAL | Colimenses en situación de calle

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La población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como son las personas que viven y sobreviven en la calle en el estado de Colima, debe ser atendida y protegida por los Derechos Humanos. Así mismo, las autoridades correspondientes, en sus distintos rubros, deben idear y crear políticas públicas con enfoque de sus derechos, y sobre todo que permitan la integralidad de la acción del gobierno.

Al respecto, ahora que los candidatos de los distintos partidos a nivel estatal estarán pidiendo la con­fianza y el voto ciudadano, también podrían aprovechar para ser gestores de ayuda para las decenas de colimenses que están desamparados, durmiendo a la intemperie, sin abrigo, sin alimento, padeciendo la inclemencia del mal tiempo, el frío y el hambre.

La sociedad organizada, los políticos y el gobierno en general no deben olvidar la dignidad humana. Las personas que lamentablemente viven de la caridad pública no deben ser abandonadas a su suerte sino recordarnos nuestra propia condición como especie humana. No se debe permitir que las autoridades permanezcan indiferentes, para ello se han creado distintas instituciones con sus respectivos presupuestos.

Deben uni­ficar esfuerzos todos los sectores de Colima, pero sobre todo debe hacerse presente el liderazgo gubernamental para auxiliar y dar sustento, abrigo, casa y vestido a esos seres humanos que son hermanos nuestros y que por diversas circunstancias, por la violencia que vivieron en sus hogares y comunidades, por crisis psicológicas personales, por las di­ficultades económicas que comenzaron a padecer, por la necesidad de migrar, por abandono familiar, maltratos físicos y psicológicos, por situaciones de abuso sexual, por explotación laboral, por consumo de drogas a temprana edad o por eventos traumáticos de índole personal llegaron hasta esos límites.

No está de más recordar que en México, los derechos de las poblaciones callejeras están respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes especí­ficas. El artículo 1° constitucional establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.