¡Salvemos a México!
En las manos de los ministros
de la SCJN se encuentra el
destino y futuro de la nación
Para bien o para mal podría ser premonitoria la marcha de cientos de miles de mexicanos que se reunieron en la Plaza de la Constitución de la capital del país y 122 ciudades más el domingo 26 de febrero, para apoyar al Instituto Nacional Electoral y solicitarles a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invaliden la reforma electoral, conocida vulgarmente como el Plan B del presidente de la República.
Lo que está en juego con el fallo que habrá de emitir la SCJN respecto a la enmienda aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores, con mayoría de legisladores de Morena y partidos satélites, va más allá de la propia sentencia que reduciría prácticamente a la nada al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, sus iguales en las entidades, regresando al país a los años 80.
Si los Ministros dan por buena la reforma electoral sería un golpe mortal a las máximas autoridades comiciales en el país y en los estados, al reducirles recursos, facultades y personal especializado para hacer eficientemente su trabajo, como lo han venido realizando desde el 11 de octubre de 1990 hasta la fecha, primero como Instituto Federal Electoral y a partir de 2014 como Instituto Nacional Electoral.
Si perdemos el máximo bastión comicial, el Gobierno Federal volverá a convertirse en juez y parte, en el árbitro inapelable que fue en el pasado a través de la Secretaría de Gobernación, hasta que la presión ciudadana y partidista obligó al presidente Carlos Salinas de Gortari, luego de su triunfo espurio de 1988, a crear un órgano electoral ciudadano, autónomo e independiente, como fue el IFE y es el INE, desde hace 33 años.
Si los Magistrados ceden a la coacción presidencial legitimando y legalizando la enmienda electoral, no tardarían mucho tiempo en irse a pique la democracia y la libertad de expresión, inherentes a la vida más o menos civilizada que tenemos todavía hoy en día, a pesar de que hemos perdido derechos individuales e instituciones valiosas, así como la seguridad en las calles y carreteras de nuestra querida y atribulada nación.
Es relevante la sentencia que emita la SCJN sobre la aprobación o rechazo al Plan B, ya que en el primer caso nos dejaría a los mexicanos a un paso de la dictadura y con ella la pérdida definitiva de la democracia y los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión; mientras que en el segundo, se desmoronarían los diputados y senadores de Morena (más los parásitos) y se caería a pedazos el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo mismo sucedería con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si dan por buena la reforma electoral que es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mancharán su reputación para siempre; si deciden desde el punto de vista jurídico anular la enmienda inconstitucional, se echarán encima toda la fuerza e ira del Mandatario federal, que es mucha.
Como concluya esta confrontación, los ánimos quedarán caldeados entre ganadores y perdedores por la orden autoritaria del político tabasqueño de “descuartizar” al INE, como lo calificó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quizás la corcholata que a fin de cuentas podría escoger su paisano para la candidatura de Morena a la presidencia de la República, con el objetivo de abrirle el camino.
Por lo pronto la manifestación pacífica, respetuosa, libre, sin acarreos, tortas y gratificaciones, de millón y medio a millón setecientos mil personas en todo el país es una prueba irrefutable del rechazo, del malestar, del hartazgo de las y los ciudadanos hacia las decisiones arbitrarias del Presidente que dice tomar por y para el pueblo cuando en realidad lo hace para satisfacer su ego, su rencor y su odio enfermizo, nada más.
Nunca antes se había dado una marcha como la del domingo, en sana paz, sin estridencias ni líderes mesiánicos al frente, unidas las y los ciudadanos solamente por el interés público de defender, de proteger, de preservar al Instituto Nacional Electoral, como garante de los comicios federales, estatales y municipales en la nación. La petición fue a los magistrados de la SCJN para que salve al INE y anule el perverso Plan B.
Lo positivo del Mandatario federal fue respetar el derecho constitucional de las y los participantes a manifestarnos, a lo que está obligado, desde luego, pero pudo no hacerlo y reprimirnos con las fuerzas de seguridad, eso lo reconozco, no así la reacción patética, irrazonable e irascible del aún titular del Poder Ejecutivo que comprueba día a día cómo se le escapa la honrosa oportunidad de pasar a la historia nacional como el mejor presidente de México.