Gestión Pública


Alex Casarrubias García.- 

Conforme los compromisos presidenciales plasmados en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) se tiene contemplada una inversión muy importante para Puerto Vallarta y la región de la costa jalisciense:

$500 millones de pesos para la rehabilitación del Centro Histórico de Puerto Vallarta;

$145 millones para el desarrollo turístico regional;

$2,000 millones para el libramiento de Puerto Vallarta;

$700 millones para la Terminal Portuaria; y

$3,135 millones para modernizar  la carretera 200 en el tramo El Tuito-Melaque.

Resulta muy positivo que el PNI haya considerado a Puerto Vallarta y la zona de la costa jalisciense con esa importante inversión. El punto a destacar es que hay municipios con muchísima riqueza natural, como Cabo Corrientes, que no tiene “etiquetados” mayores recursos.

Hagamos una breve reflexión: Bahía de Bandereas comprende la costa de tres municipios: Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en Jalisco; así como Bahía de Banderas, en Nayarit. Este último, desde que arrancó el desarrollo de Nuevo Vallarta ha venido incrementando la inversión pública y privada, más ahora que tienen la marca turística Riviera Nayarit, siendo muy positivo y esas acciones ahora tienen sus resultados.

Puerto Vallarta, independientemente de la situación urbana específica que enfrenta, sigue siendo el destino turístico por excelencia, uno de los más representativos de nuestro país. Actualmente, en un 80 por ciento aproximadamente de las excursiones que se realizan en las embarcaciones menores que zarpan de Marina Nuevo Vallarta o de la Terminal Marítima de Puerto Vallarta tienen como destino una playa de Cabo Corrientes, toda vez que ese municipio ofrece las más bellas playas de la costa de Bahía de Banderas.

Cabo Corrientes ha sido un factor de apoyo al desarrollo de Puerto Vallarta. No sólo son las playas, sino con la aportación de una gran cantidad de recursos humanos: Personas identificadas con su origen en Cabo Corrientes pero que con mucha pasión diariamente hacen posible una excelente experiencia vacacional de uno de los destinos más tradicionales de México: Puerto Vallarta.

Por ello es necesario que en breve se sienten a la mesa del análisis Andrés González Palomera, representante del gobernador de Jalisco en la Costa Norte; Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente municipal de Puerto Vallarta; y Homero Romero Amaral, presidente municipal de Cabo Corrientes, para que antes de plantearle cualquier propuesta de ruta crítica al Gobierno Federal sobre el ejercicio de los recursos ya mencionados en el PNI, estén despejadas las dudas de cómo maximizar los beneficios de dicha inversión y cómo mitigar la situación específica del municipio de Cabo Corrientes, para superar el pensamiento de que el subdesarrollo de un pueblo, no es la etapa anterior a su desarrollo, sino la consecuencia del desarrollo de otro pueblo.

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? ¿Nu�S o  �� xT antes no rindieron protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen? ¿Al rendir protesta no se obligaron a cumplir la totalidad del orden jurídico?, entonces, ¿por qué seguimos permitiendo que nos sigan representando?

Creo que es tiempo que los ciudadanos en vez de criticar a nuestros políticos y quejarnos de temas que ya están muy trillados, actuemos de inmediato y exijamos más a nuestros representantes populares y funcionarios. ¿Sabía usted que como ciudadanos podemos denunciar a nuestros políticos que violan la ley? En México los representantes populares y funcionarios públicos (senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores…) pueden ser sujetos de responsabilidad en el servicio público o funciones que desempeñan; el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Me dijo un amigo: “Hace falta una revolución para que en nuestro país mejoren las cosas y no nos tengan con la pata en el cuello, porque la gente ya estamos hartos de los políticos de siempre y sus mentiras, hay mucha pobreza, Adrián, y ahora este presidente nos quiere cobrar impuestos de todo, hasta a los pequeños comercios; qué vamos hacer, el pueblo se va a levantar en armas”.

Creo que las armas y la violencia no nos llevarían por buen camino, empero, estoy convencido que urge un cambio, porque como dijo nuestro amigo, hay un hartazgo, pero ese cambio o transformación no sólo lo podemos ejercer a través del voto, sino también a través de la ley y es precisamente denunciando a nuestros políticos corruptos que violan el orden jurídico todos los días, una forma es solicitar juicio político a todos esos representantes populares y funcionarios públicos que siguen trasgrediendo la ley, cuando sus actos u omisiones redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, cometan violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales, violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del estado y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos Federales y del Estado.

En el caso de Colima, el juicio político podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, cualquier ciudadano mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia, la cual siempre deberá ser personal, ante el Congreso del Estado y la legislatura está obligada a recibir, investigar y dictaminar a través de la Comisión de Responsabilidades y en su caso sancionar al representante popular que se compruebe la responsabilidad, conducta o el hecho materia de la denuncia y se le puede inhabilitar por algunos años para ocupar cargos de elección popular, además, del juico político también está la figura jurídica de declaración de procedencia y la responsabilidad administrativa, tengamos el valor civil de actuar y exigir a nuestros políticos, tenemos que ser ciudadanos revolucionarios y comprometidos con el cambio democrático, exigir transparencia, resultados, profesionalismo y transición por el bien de nuestro país es nuestra obligación. ¡Ahí está el detalle!

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