Hace unos días, el director del Infonavit anunció algo que parece más una broma de mal gusto, que una política pública seria: que aquellas personas que estén ocupando viviendas con crédito de Infonavit, aunque hayan entrado de forma ilegal, podrían entrar en un programa de regularización.
En palabras simples, si te metiste a una casa sin permiso del dueño ni del instituto, pero ya estás dentro, podrías convertirte en el legítimo propietario. Así, sin más, con solo meter un colchón y cerrar la puerta por dentro.
Una afirmación así, además de absurda, manda un mal mensaje: “en México, la ley ya no importa”. Lo que vale es ocupar. Invadir. Tener la astucia para brincar la barda primero y regularizar después.
¿En qué cabeza cabe que la posesión ilegítima se convierta, por decreto administrativo, en título de propiedad?
Es cierto que el problema de las casas abandonadas es grave. Hay miles de viviendas desocupadas en el país porque los acreditados no pudieron seguir pagando, porque las zonas se volvieron inseguras, o porque el propio Infonavit las recuperó y jamás las volvió a ofertar.
También es cierto que hay organizaciones que se han aprovechado de ese vacío para ocuparlas, promover juicios, o simplemente bloquear su recuperación por parte del legítimo propietario.
Lo que no es cierto —ni permisible— es que eso justifique darles legalidad por la vía administrativa a actos ilegales.
El derecho civil contempla desde hace décadas la figura de la prescripción adquisitiva.
Quien ocupa una casa de manera pacífica, continua y pública, sin violencia ni oposición, puede iniciar un juicio para adquirirla legalmente o incluso; quien haya entrado de manera furtiva, pero que se comporte como propietario por más de 10 años, igualmente, de forma pacífica, también lo puede conseguir.
Es un proceso lento, sí, pero contempla garantías, revisión judicial y, sobre todo, el respeto al orden legal.
No puede ser que el Infonavit pretenda brincar todo ese procedimiento con una ventanilla y un formulario.
Regularizar no puede significar premiar al que se adelantó a brincar el cerco.
Lo que debiera estar haciendo el Instituto es, aplicar su facultad legal para ejecutar las hipotecas vencidas, adjudicar formalmente las casas, y ponerlas nuevamente a disposición de quien cumpla con los requisitos que la ley exige.
De hecho, debería crear un banco nacional de viviendas recuperadas, abierto, transparente, donde cualquier derechohabiente con necesidad pueda aspirar a una de ellas.
Pero lo que no se puede permitir es abrirle la puerta a la ilegalidad. Porque una vez que se institucionaliza el caos, ya no hay vuelta atrás.
Este tipo de declaraciones, aunque tal vez bien intencionadas, son peligrosas o provenientes de un mal consejo y la ausencia de recomendación legal.
En Colima y en muchos otros estados, estas casas abandonadas ya han sido objeto de ocupaciones irregulares. Si ahora desde la máxima tribuna del poder se lanza el mensaje de que “si ya estás dentro, te la quedas”, el caos será inmediato. La anarquía inmobiliaria, inevitable.
México necesita soluciones, sí. Pero también necesita Estado de Derecho.
Además, el Infonavit debe recordar que estos inmuebles pertenecen a alguien, ¿por qué no los busca? analizar su situación y generar nuevas condiciones de trato. Y es que, esos propietarios al ver que se ocupan sus inmuebles, pueden demandar al Infonavit, por eso esas decisiones que está tomando.
No es sencilla la decisión que pretende tomar esta institución y puede ocasionar problemas y responsabilidad y qué necesidad de ello.
Ojalá alguien en el Infonavit corrija el rumbo, antes de que esta ocurrencia se vuelva costumbre y la legalidad se vulnere.
abogadoangel84@gmail.com