La administración de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dejó más de 400 millones de pesos en malos manejos que no han sido esclarecidos hasta la fecha.
Es una situación inédita para dicho organismo que, en los 20 años de auditorías previos a ese periodo, no había registrado semejante monto de irregularidades.
La semana pasada que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya interpuso una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por recursos que se consideraron presuntamente desviados en 2021, pero el monto de dinero posiblemente malversado es mayor por lo que las investigaciones continúan.
Datos oficiales actualizados de la ASF indican que en el periodo de las cuentas públicas 2019 a 2023, que corresponden a la gestión de Álvarez-Buylla, el Conacyt (a partir de 2023 Conahcyt) registra malos manejos que habrían dejado un daño al erario de 410 millones 630 mil pesos.
Para poner en proporción este monto, de 2000 a 2018 el mismo organismo tiene hasta la fecha 40 millones de pesos no aclarados.
Es decir, durante tres administraciones federales distintas el monto de recursos posiblemente desviados es diez veces menor al del periodo de Álvarez-Buylla.
Los registros de la auditoría indican que en el periodo de la ex directora del Conacyt se identificaron 27 casos distintos de posible malversación de recursos que dieron paso al referido quebranto patrimonial observado por los auditores.
El año más problemático, según muestra los registros, es 2021 donde se identificaron doce hechos distintos de manejos irregulares, el presupuesto que dieron paso al posible desvío o desaparición de más de 220 millones de pesos.
Como los propios registros de la ASF lo explican, estos montos corresponden a recursos públicos cuyo destino legal debe ser aclarado o en su caso, se tendría que reponer el dinero a las arcas públicas.
De lo contrario, no sólo se procedería administrativamente en contra de los funcionarios responsables, sino se presentarán las denuncias ante la FGR para que se indaguen los delitos en que habrían incurrido los funcionarios de la gestión de Álvarez-Buylla, como ya ocurrió en un primer caso.