La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su preocupación ante las inconsistencias y riesgos que plantea el nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. La organización advirtió que lejos de democratizar al Poder Judicial, esta medida compromete su independencia y expone al sistema judicial a injerencias políticas, lo que pone en peligro los derechos humanos, el equilibrio de poderes y la confianza en el Estado de derecho.
La Jufed criticó que el diseño del proceso permita que los candidatos sean propuestos por los tres poderes del Estado, lo que favorece afinidades políticas con el partido en el poder. Esto, argumentaron, debilita la imparcialidad y la meritocracia al priorizar lealtades políticas sobre la capacidad profesional.
Además, la asociación denunció que las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma han sido ignoradas, lo que constituye un desacato flagrante al orden jurídico y podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para las autoridades involucradas.
El recorte presupuestal del 52 % al Instituto Nacional Electoral (INE) ha afectado gravemente la logística del proceso, obligando a reducir el número de casillas al 43 % de lo originalmente planeado y operar con menos personal. La falta de revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales también comprometen la transparencia y la confiabilidad de la votación, según la Jufed.
La complejidad del modelo de votación, que incluye hasta seis boletas con 60 candidatos por cargo, fue señalada como un obstáculo que podría confundir al electorado, fomentar un voto desinformado y abrir la puerta a prácticas como el acarreo y la compra de votos.
La asociación subrayó que la participación ciudadana podría ser inferior al 10 % del padrón electoral, lo que evidencia una falta de respaldo social a la reforma. En lugar de fortalecer la confianza en el Poder Judicial, el proceso podría consolidar un régimen autocrático, sacrificando justicia y derechos humanos en favor de la perpetuación en el poder.
La Jufed anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha mostrado preocupación por las implicaciones de esta reforma en el Estado de derecho.
Concluyó que el actual proceso de elección, lejos de promover una justicia imparcial y accesible, amenaza con desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza la democracia en México.