Llueven multas a la Defensoría

Congreso del Estado de Colima | Foto: EspecialEstán abiertos a las diferentes propuestas de reducción, ya sea de distritos y plurinominales o también otros mecanismos que garanticen la participación de las minorías | Foto: Especial

Jueces ordenaron al Estado asignarlos en juicios orales, dieron término de 24 horas para hacerlo: Francisco Vasconcelos

En Materia penal, es una obligación constitucional que el imputado sea asistido por un defensor público que lleve a cabo la defensa adecuada, y si el Estado no los proporciona incurre en responsabilidad, este hecho sucedió cuando se dio de baja a varios elementos que realizaban esa función dentro del sistema de justicia, provocando que algunos jueces giraran oficios a la Defensoría Pública, con apercibimiento de multas.

Dijo en entrevista a El Noticiero de Colima Francisco Vasconcelos, quien ocupara hasta hace unos días la titularidad de la Defensoría Pública, destacando que en total recibió 5 oficios de multa porque no había quien defendiera a los imputados.

El equivalente de las multas era de 1320 UMAs (Unidades de Medidas de Actualización), es decir más de 114 mil pesos, “primero me llegó un oficio de mil UMAs, dos de 200, uno más de 20 y dos de 50, en total fueron 8 oficios donde me señalaban la obligatoriedad de nombrar defensores en aquellas salas donde no había.

Hubo lugares en donde había tres defensores y los quitaron todos, eso hizo que los jueces de oralidad nos solicitaran que designáramos a defensor por imputado, de no hacerlo en las siguientes 24 horas me iban a imponer las multas, dijo el exfuncionario.

Destacó que de no cumplirse se inician procedimientos de responsabilidad, primero contra el director (que es el cargo que yo tenía), porque es el primer responsable; luego al Consejero y enseguida al Gobernador. Porque es obligación del Ejecutivo otorgar defensores en materia penal. En otras materias no representa una obligación constitucional.

Por eso es importante ser cuidadosos en materia de presupuesto en el área de impartición de justicia –aclaró-, decidí renunciar porque al recortar los recursos me dejaban sin personal, y no quería que me fincaran responsabilidad en un tema en el que yo no había decidido. También hubo quejas ante Derechos Humanos. Creo que no midieron las consecuencias de lo que implicaba una acción como ésta.

Cuando se remite a una persona al Juzgado, si no tiene defensor hay violaciones a los Derechos Humanos, al debido proceso. Es una obligación que tiene el estado. Esto causó muchas molestias a quienes tenían asuntos en materia civil familiar, hubo muchas quejas, es obvio que esta medida va a afectar en un retroceso en los asuntos y más que nada en la lentitud.

Hay consecuencias jurídicas legales, hay términos fatales que si no das contestación dentro del tiempo pierdes el derecho y el usuario se ve afectado, en estos casos está en juego la libertad de las personas y el patrimonio de los ciudadanos. Concluyó.