Recientemente, la senadora Mely Romero Celis presentó a la sociedad colimense un trabajo de profundo análisis y reflexión, fruto de más de dos años de diálogo constante con vecinos y ciudadanos que han atendido y respaldado sus posicionamientos políticos. Este ejercicio se traduce en un diagnóstico preciso: 50 problemáticas sociales identificadas y 20 propuestas legislativas diseñadas para superarlas. A simple vista, podría interpretarse como una postura puramente crítica o un embate contra la gestión de las autoridades actuales; sin embargo, responder a este trabajo desde esa premisa simplista sería reducir su verdadero alcance.
Un análisis más riguroso demuestra que el trabajo emprendido por Mely Romero y su equipo va mucho más allá del señalamiento estéril: no busca deslindar culpabilidades ni estigmatizar a actores políticos, sino ofrecer una perspectiva técnica y constructiva desde otra óptica. Al revisar objetivamente los datos recopilados, queda de manifiesto que un alto porcentaje de las demandas ciudadanas atañe de manera directa al ámbito local y, de forma particular, a la esfera municipal, por encima incluso de las competencias estatales o federales.
El catálogo de asuntos planteados por la ciudadanía abarca un abanico diverso de prioridades: agua, bienestar animal, deporte y cultura, desarrollo social y económico, economía rural y producción agropecuaria, energía y conectividad, impacto de proyectos industriales, infraestructura vial y movilidad, medio ambiente, salud, seguridad y justicia, servicios públicos municipales, tenencia de la tierra y certeza patrimonial, así como valores gubernamentales.
Al ponderar estas temáticas en una escala de cinco a diez, se observa cómo el grado de exigencia se eleva de forma gradual: desde un nivel medio en áreas como la gestión hídrica y el bienestar animal, hasta alcanzar la máxima prioridad (10) en rubros clave como la calidad de los servicios públicos municipales, la certeza patrimonial y la integridad de los valores de gobierno. Un elemento de particular interés en esta información —que dota de certeza empírica a la discusión ciudadana, como atinadamente ha señalado el analista Abel González en diversas colaboraciones— es que la inseguridad, de manera sorprendente, parece haber cedido terreno en la lista inmediata de urgencias cotidianas declaradas por la población.
Cabe preguntarse si este fenómeno responde, como sostienen diversos sectores de la oposición, a una trágica normalización de la violencia, el desamparo judicial y la constante zozobra ante homicidios y desapariciones forzadas, haciendo que el ciudadano promedio asimile el problema como un trasfondo cotidiano e inalterable. Sin embargo, la realidad exige una lectura más matizada. Los operativos frecuentes y el incremento sustancial en la presencia y patrullaje de las corporaciones policiacas han contribuido a contener y disminuir la incidencia de ciertos delitos de alto impacto. En este contexto, lo que emerge con fuerza e interpela a todas las fuerzas políticas sin distinción es la exigencia apremiante de mejores servicios públicos y una conducta ética en el ejercicio del poder. Esta valiosa aportación informativa facilitada por la senadora y su equipo de trabajo constituye un insumo estratégico que ningún actor político debe ignorar o desaprovechar.
Por otra parte, Mely Romero Celis, junto con la alcaldesa Esther “Tey” Gutiérrez e Indira Vizcaíno Silva, reafirma que la capacidad de liderazgo de las mujeres en el servicio público es hoy una realidad contundente y vanguardista. Tanto la senadora como la presidenta municipal de Villa de Álvarez sustentan su desempeño en evidencia, trabajo territorial sostenido y constante cercanía con la comunidad: mientras Romero recorre incansablemente los diez municipios del estado, Tey Gutiérrez mantiene una presencia intensiva dentro de su demarcación para atender directamente las demandas locales, al tiempo que la mandataria estatal realiza gestiones de alto nivel para consolidar recursos e intereses en favor de la entidad.
Para reflexionar. Este lunes 28 de septiembre de 2026, la frecuencia radiofónica 89.3 FM transmitió un desglose analítico sobre la realidad del sistema penitenciario en México, respaldado por las métricas del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI. Los datos resultan sumamente reveladores: la infraestructura carcelaria del país comprende 313 centros penitenciarios y de internamiento (14 de jurisdicción federal, 249 de carácter estatal y 50 establecimientos especializados para adolescentes).
La población reclusa total asciende a aproximadamente 236,773 personas privadas de la libertad. No obstante, la cifra más alarmante se encuentra en el ámbito del debido proceso: cerca del 42.2% de los internos (entre 86,000 y 95,000 personas) permanece recluido bajo la figura de prisión preventiva, sin haber recibido una sentencia definitiva que determine su responsabilidad legal. Aunado a esta paralización judicial, el fenómeno del hacinamiento presenta severas disparidades según el esquema de administración: mientras los Centros Penitenciarios Federales (CPF) operan en condiciones de subocupación con un promedio de 72.4 personas por cada 100 espacios disponibles, los Centros Penitenciarios Estatales (CPE) exhiben una sobrepoblación promedio del 119.2%.
Esta crisis alcanza picos extremos en entidades con rezago estructural como el Estado de México, donde el hacinamiento supera el 137% global y llega a niveles críticos de entre 300% y 500% de sobreocupación en penales como Chalco o Zumpango. Tras los muros del sistema penitenciario mexicano, miles de hombres y mujeres enfrentan una reclusión prolongada en espacios severamente hacinados donde la dignidad y la capacidad de reinserción quedan relegadas. Que cuatro de cada diez reclusos permanezcan privados de su libertad sin un fallo judicial firme no solo contraviene el principio constitucional de presunción de inocencia, sino que convierte la reclusión preventiva en una pena anticipada y la supervivencia en una constante prueba de resistencia.
Para despedirme. La última ocasión que tuve la oportunidad de visitar el centro de rehabilitación ubicado en la comunidad de La Estancia, en Colima, la sobrepoblación y la tensión eran evidentes; no por nada dicho factor fue uno de los detonantes de las recientes revueltas registradas en el lugar. Esto obliga a preguntarnos seriamente cuál es el estado real del sistema penitenciario y de internamiento en nuestra entidad. A la senadora Mely Romero Celis le reitero que el ánimo no debe decaer: recuerde que “mientras el agua corra, ruido hace”. Enhorabuena por este valioso trabajo, y extiendo una felicitación sincera a su equipo por el rigor de los datos aportados. Nos vemos en una próxima entrega.