Enrique Peña Nieto, que vive entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, ha negado las acusaciones en su contra.
Perspectiva
Para el PRI nacional que ya no tiene peso político en el país, que cuenta con apenas 36 diputados (10 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional), el asunto calientito que acaba de salir, respecto a dos ciudadanos israelíes que acusan a Enrique Peña Nieto (expresidente priista de la república) de haber recibido presuntamente la cantidad de 25 millones de dólares por parte de los proveedores del malware Pegasus, software diseñado para explorar dispositivos, redes o sistemas sin el consentimiento del usuario, viene siendo el tiro de gracia para el tricolor que apenas está sobreviviendo y, con ese golpe, casi en vísperas de las elecciones intermedias, será su tumba. Donde inclusive podría perder el registro. Y el caso sería histórico, por el hecho de ser un priista de la cúpula alta, el encargado de darle el último golpe. Peña, como muchos de ese partido, vivieron de la política y de las canonjías del poder. último presidente priista que dio paso a la izquierda, con Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones de 2018.
Al respecto, dada la situación que prevalece por los presuntos sobornos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre el hipotético asunto, el cual, lo dio a conocer el periódico israelí The Marker, donde dos empresarios involucran a Peña, para permitir espionaje en México, a través del sistema Pegasus.
Bajo el contexto anterior, pone entre dicho la rectitud de un político de altura, ¿Qué se puede esperar de los funcionarios de abajo? Nada: “si el jefe lo hace, ¿Por qué yo no?” Estos últimos no se quedan atrás, también quieren y buscan su rebanada. Un escenario ampliamente utilizado en el período político anterior, cuando todo era centralismo gubernamental.
Ante esa respectiva, Alejandro Gertz Manero, reclamará a las autoridades de Israel que esta información que dieron a conocer, se pueda incorporar a la carpeta de investigación y se pueda ratificar lo más pronto posible. Y así poder judicializar el supuesto cohecho, y sus ramificaciones si es que las tiene. Al resaltar que sólo han judicializado y ganado lo correspondiente a la intervención de líneas a través de Pegasus, sostuvo que podrían establecer una vinculación si los israelíes ratifican la información.
Expresó también, que la denuncia reciente no es la primera que se presenta, hubo otras que no se consolidaron por falta de elementos probatorios, en virtud de que ha sido muy difícil tratar con el gobierno de Israel, por aquellos desacuerdos que hubo con el gobierno de López Obrador. En este caso específico, están formalmente pidiendo al gobierno de Israel la autorización, para que esas afirmaciones se den dentro de un marco legal y no se vayan al mismo vacío de denuncias que no se sostienen.
Asimismo, hay casos sin resolver debido a que el gobierno se negó rotundamente a colaborar con el gobierno de México, cuando le solicitaron la captura de Tomás Zerón, involucrado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, quien vive a sus anchas impunemente en Israel.
Por otro lado, informó, también, le tenemos que dar la juridicidad necesaria, para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero y, recalcó, a su vez, que se ratifique esas denuncias.
La información que vincula al exmandatario con los patrocinadores del software de espionaje fue revelada por el periódico israelí The Marker la semana pasada. La publicación se enmarca en una disputa legal entre dos empresarios israelíes; que dicen haber realizado una “inversión” conjunta de 25 millones de dólares para obtener contratos con el Gobierno mexicano, entre 2012 y 2018. Lo que si no se ha mencionado si hay o no funcionarios de bajo nivel que estén inmiscuidos en el asunto de soborno, eso tendría que verse en la investigación correspondiente, si es que Israel quiere colaborar con las autoridades judiciales del país. No se advierte si la totalidad de esa cantidad habría sido destinada al propio expresidente o si involucró a otros responsables públicos.
Enrique Peña Nieto, que vive entre España y República Dominicana desde que dejó el cargo, ha negado las acusaciones en su contra.
“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno”, publicó en su cuenta oficial de X hace días. Más tarde, durante una entrevista en Radio Fórmula, detalló que él nunca se involucró en la asignación de contratos a ningún proveedor. “No es mi tarea”, justificó, y añadió que tampoco conoce a ninguno de los dos empresarios que alegan haber realizado los millonarios pagos a cambio de contratos.
El programa fue oficialmente adquirido por Gobiernos anteriores para realizar labores de inteligencia y combate al crimen organizado, pero más tarde se descubrió que había sido utilizado para espiar ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. La Fiscalía ha intentado procesar a los responsables públicos que participaron en la compra del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, pero no hay pruebas contundentes, según ha referido el fiscal. Hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratifiquen los elementos para que se puedan judicializar, y hasta el momento no nos lo han entregado. Es todo por hoy.