Referencias Políticas


Campañas, retos y Ley de Aguas Nacionales

Salvador Olvera Cruz.-

En los cinco días de campaña que llevan los candidatos a la gubernatura de la entidad se ha podido observar cómo los aspirantes, en su estilo particular, han recurrido a fijar sus propuestas encaminadas a superar los grandes retos que enfrenta la entidad, punto de partida de sobra conocido por la población, que es la que los padece, sin que se avizore alguna para superar este trance.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta aconsejable que cada uno de los candidatos centre su acción en proponer acciones viables para superar el caso de la inseguridad, desempleo, corrupción, impunidad, salarios que permitan mejores condiciones de vida y todo aquello que se sabe y conoce es el compromiso de todo gobernante.

Aunado a lo anterior, los candidatos deben entender que el electorado está cansado, por no decir harto, del incumplimiento de tantas promesas incumplidas, razón por la que deben orientar sus campañas con soluciones concretas y viables, encaminadas a superar la amplia red de problemas que a diario vive el grueso de la población.

En ese mismo sentido deberán proceder los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, porque en la medida en que adopten propuestas encaminadas a servir mejor a sus representados, será posible superar los trances negativos que enmarcan la difícil situación que vive la gente.

Respecto a lo anterior, la población cada día se convence de que su sufragio resulta fundamental, pues sumado a su conocimiento de su realidad, también tiene la oportunidad de limpiar el camino de abrojos, no sufragando por quienes no han demostrado capacidad ni deseos de servirle, y menos aún por aquellos que siempre aparecen en las boletas electorales.

A lo anterior hay que agregar el caso de los políticos que sin rubor alguno no sólo aparecen en las boletas, sino también en las de partidos diferentes cuando no son tomados en cuenta por los institutos en que militan, pues dejan en claro que sólo buscan su beneficio personal y no el de la población, a la que supuestamente servirán y representarán.

Retomando el caso de los candidatos a la gubernatura, éstos sin duda deberán, antes que nada, partir del hecho de que su compromiso radica en gobernar para todos y ser el eje del desarrollo de la entidad y su gente.

Asimismo, resultará fundamental trazar políticas que pongan coto a medidas implantadas que laceran la raquítica economía de las clases más desprotegidas, procediendo para tal fin con la voluntad y humanismo que debe ser el sello de todo gobernante, porque de lo contrario se seguirá caminando por la misma senda, sea cual fuere el candidato o partido que gobierne.

En ese sentido, hay casos como el referente al pago del alumbrado público y altas tarifas de la Ciapacov, por citar dos casos que deben evitarse, entre otros, pues en lo referente al DAP, hay entidades del país donde para su cobro se han tomado desde hace tiempo medidas menos onerosas para la población.

Asimismo, vale señalar que si bien con la reciente Reforma Energética se manejó que la energía resultaría a menor costo, aún no se ve el caso en los hechos, y para nada se ha tocado el hecho de poner término al pago del servicio de alumbrado público.

En lo concerniente a las tarifas de agua domiciliaria -no potable-, drenaje, alcantarillado y saneamiento, cabe mencionar que en nuestra entidad resultan desproporcionadas si se comparan con las de otras entidades del país, asunto que debe evitarse, dependiendo ello de la comprensión y sensibilidad del gobierno e instancias encargadas de poner término a una situación.

Hablando del tema del agua, cabe mencionar el caso la iniciativa de la Ley General de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de diputados, pues al interior del Congreso y en la opinión pública, se señala que con esta medida se profundiza el carácter privatizador que desde 1992 se viene dando, a través de diversas reformas al artículo 27 Constitucional.

Cabe recordar que el agua es un elemento natural indispensable para la vida y que el Congreso Constituyente de 1917 señala que este líquido es propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, dejando al poder Ejecutivo la responsabilidad de administrarla para repartirla equitativamente, cuidar su conservación y no se pusiera en peligro su aprovechamiento por generaciones futuras.

Al respecto, quienes se oponen a la iniciativa de la Ley General de Aguas Nacionales, perciben en el fondo un paso más que se iniciara en 1992 encaminado a transformar su administración, con la creación y manejo de infraestructura, su explotación y distribución, así como el cobro de agua potable, para dejarla en manos de particulares.

Lo antes mencionado es en parte algo similar a lo llevado a cabo en Colima, durante el sexenio del gobernador Silverio Cavazos Ceballos (+), en el caso particular del saneamiento de las aguas residuales, en el que éste se privatizó, siendo por tal motivo que el usuario cubre su costo con creces a la empresa a que se otorgara dicha tarea.

Retomando el caso del Congreso de la Unión, el asunto se aplazó en cuanto a su aprobación, al mismo tiempo que se generaron diversas justificaciones tendientes a no precipitar el debate ante los señalamientos contra el dictamen, que fue considerado instrumento privatizador del vital líquido.

El martes de la presente semana, en el marco de su campaña por la gubernatura de la entidad, la candidata del PRD, Martha Zepeda, externó un pronunciamiento a favor de la vida y un no rotundo a la privatización del agua. Al respecto, habrá que ver los pronunciamientos que hacen el resto de aspirantes al Gobierno del Estado en tan importante asunto.