Reforma a Ley de Aguas Nacionales busca acabar con mercado negro

Antes de 1992 solo existían dos mil 500 títulos de concesión, y en la actualidad hay 536 mil títulos que están siendo revisados.

La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar el mercado negro de concesiones y robo de agua, “que no solamente afecta la disponibilidad, sino también la garantía del derecho humano al agua”, dijo Óscar Zavala Gamboa, subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Entre los cambios clave de la iniciativa de reforma, enviada ayer al Congreso, se propone crear un capítulo de delitos hídricos, se incluye la eliminación de los bancos de agua y el establecimiento de un fondo de reservas de agua nacionales para reasignar los volúmenes de agua recuperados, además de la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua que consolidará los sistemas existentes.

El abogado destacó que el marco normativo de la Ley de Aguas Nacionales —que data de 1992— promueve un sistema de mercado del agua “donde los particulares libremente pueden disponer de los recursos hídricos. Los concesionarios libremente llevaban a cabo transacciones con ellos, al margen de la ley, cuando el agua es de la nación”.

Destacó que antes de 1992 solo existían dos mil 500 títulos de concesión, y en la actualidad hay 536 mil títulos que están siendo revisados por la actual administración de la Conagua; a la fecha, se han detectado cerca de 59 mil irregularidades.

El abogado explicó que para combatir el mercado negro y robo de agua también se propone crear un capítulo de delitos hídricos en la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales –reglamentaria al artículo 27 de la Constitución–, ya que en el Código Penal Federal estos ilícitos no se encuentran tipificados al ámbito del agua, lo que obstaculiza su castigo.

Explicó que si bien algunos delitos hídricos se encuentran plasmados en otras legislaciones, como la Ley General de Bienes Nacionales, en muchos casos Conagua no logra encuadrar ciertas conductas como delitos hídricos, por lo que no se castigan.

“Lo complejo de estos de estos tipos penales es que no se encuentran lo suficientemente especificados al ámbito del agua. Entonces, eso ha obstaculizado que se presenten denuncias y donde procesalmente cuesta mucho trabajo”.