La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes una serie de acciones y reformas para enfrentar el problema de las desapariciones en México. Destacó que, aunque en el pasado este delito fue perpetrado por el Estado, hoy está principalmente vinculado con el crimen organizado.
“Actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes de mi gobierno”, aseguró en la conferencia matutina. Sus declaraciones ocurren tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrió un campo de exterminio con cientos de restos humanos.
Entre las medidas anunciadas, Sheinbaum firmará un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dotándola de mayor capacidad operativa y tecnología para la localización de personas. Además, enviará al Congreso varias iniciativas de reforma, incluyendo:
Identidad y registros: Creación de un certificado único de registro de población que permita cruzar datos con bases administrativas para generar alertas sobre personas desaparecidas.
Base de información forense: Integración de una plataforma única que concentre datos de los servicios periciales de las fiscalías estatales y federales para mejorar la identificación de restos humanos.
Plataforma Nacional de Identificación Humana: Herramienta digital que facilitará el cotejo de huellas dactilares y ADN con diversas bases de datos, como el padrón electoral del INE.
Protocolos de búsqueda inmediata: Eliminación del requisito de esperar 72 horas para abrir investigaciones en casos de desaparición.
Homologación de penas: Equiparar el delito de desaparición con el secuestro, estableciendo sanciones uniformes a nivel federal y estatal.
Transparencia y seguimiento: Publicación mensual de cifras sobre desapariciones y fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sheinbaum concluyó que su gobierno se enfocará en la verdad y la justicia, trabajando de la mano con las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales. Además, convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para coordinar esfuerzos con los gobernadores y reforzar la lucha contra la impunidad.