En las primeras horas de este 27 de octubre de 2025, México despertó no solo con el sol inclemente sobre sus campos, sino con el rugido de tractores y el cierre de casetas en al menos 17 entidades federativas. El paro nacional de agricultores, convocado por organizaciones como el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), no es un capricho estacional, sino un clamor desesperado por la supervivencia de un sector que sostiene la mesa de 130 millones de mexicanos. Mientras las autoridades se reúnen en la Secretaría de Gobernación con el titular de la Sader, Julio Berdegue, los productores bloquean arterias vitales como la Autopista Guadalajara-Colima, la Carretera Federal México-Veracruz y tramos en Sinaloa —el granero del país— para recordarnos una verdad ancestral: *sin maíz, no hay país*. Este movimiento, que inicia con liberaciones de casetas y podría escalar a bloqueos totales si no hay acuerdos para las 10:00 horas, trasciende la protesta: es un espejo de la desvalorización crónica del trabajo rural, un recordatorio de que el campo mexicano, faro de identidad cultural y soberanía alimentaria, agoniza bajo el peso de políticas neoliberales y tratados asimétricos.
LAS DEMANDAS: UN PRECIO JUSTO POR EL SUDOR DE LA TIERRA
Las exigencias de los agricultores son claras y urgentes, como el filo de una hoz en la siembra. En el epicentro está el precio de garantía para el maíz: *7,200 pesos por tonelada, una cifra que cubra los costos reales de producción —insumos, fertilizantes y diésel que se han disparado— y evite que los productores vendan a pérdidas, que actualmente oscilan entre **5,200 y 5,800 pesos*. No es un lujo, sino una necesidad para frenar la descapitalización de pequeños y medianos productores, que representan el 80% del sector y generan el 57% de la producción de maíz en México.
Otras demandas amplían el horizonte: excluir los granos básicos (maíz, frijol, trigo y sorgo) del T-MEC, ese tratado que abre las puertas a importaciones subsidiadas de Estados Unidos, inundando el mercado y desplomando precios locales. Exigen también una banca de desarrollo agropecuario real, con créditos reestructurados para damnificados por sequías o extorsiones del crimen organizado; una revisión urgente de la Ley Nacional del Agua, que priorice el riego para cultivos alimentarios sobre usos industriales; y mayores apoyos al sector primario, incluyendo subsidios al combustible y combate frontal a la inseguridad rural. Estas no son plegarias abstractas; son el pulso de familias que, ante la falta de liquidez, sustituyen la siembra por jornales precarios, acelerando la “descampesinización” del México profundo.
LAS IMPLICACIONES: DE LA CARRETERA BLOQUEADA A LA MESA VACÍA
Este paro no es un inconveniente vial; es un terremoto social con réplicas económicas y políticas. En estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán —corazón del Bajío maicero—, los bloqueos en carreteras como la 45 o la Autopista de Occidente paralizan el flujo de mercancías, afectando desde el transporte de hortalizas hasta el acceso a puertos como Manzanillo. Si se prolonga, podría generar pérdidas millonarias y agravar la inflación alimentaria en un país donde el 43% de los básicos se importan, superando el umbral recomendado.
Más allá de lo inmediato, el movimiento implica una reconfiguración del contrato social: obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a confrontar la dependencia alimentaria, que nos deja vulnerables a fluctuaciones globales. Implica también un riesgo de escalada social; en Chiapas y Puebla, donde la pobreza rural supera el 70%, estos bloqueos podrían fusionarse con protestas indígenas, recordando el zapatismo de 1994. Y en el largo plazo, si no se atienden, aceleran la migración: 1.4 millones de hogares agropecuarios desaparecieron entre 1992 y 2004 por concentración productiva, y hoy, con el TLCAN/USMCA, el éxodo rural alimenta no solo ciudades, sino la frontera con Estados Unidos. Este paro es un ultimátum: o se invierte en el campo, o el país cosecha hambruna y descontento.
LA DESVALORIZACIÓN DEL TRABAJO RURAL: ¿POR QUÉ EL CAMPO ES INVISIBLE?
¿Por qué el sudor de quien siembra la vida es tratado como maleza? La desvalorización del trabajo agrícola en México no es un accidente, sino un diseño histórico. Desde el Porfiriato, el campo ha sido periferia: haciendas que explotaban peones sin tierra, dejando a jornaleros en una “subutilización laboral” significativa. La Revolución prometió reforma agraria, pero el reparto de 1940-1970 creó ejidos, mas no competitividad; el sector aportaba solo el 5% del PIB a fines del siglo XX, pese a emplear el 20% de la fuerza laboral, reflejando la pobreza de los trabajadores del campo y la situación marginal del sector rural.
Teóricos explican esta marginación como “desagrarización”: la población rural crece, pero el mercado laboral precario —con pluriactividad donde el jornal asalariado desplaza la siembra— genera pobreza extrema. El neoliberalismo, con su “industrialización difusa”, transforma la migración campo-ciudad en un flujo temporal precario, acumulando marginados en localidades dispersas. El campo no es valorado porque el modelo económico lo ve como rezago, ignorando su rol en la unidad y coherencia del mundo indígena.
Esta invisibilidad se agrava con el T-MEC: la apertura comercial desintegra el sector, con elasticidades de exportación mínimas y una dependencia que precariza el empleo rural. El resultado: un trabajador del campo gana menos que el salario mínimo urbano, y su labor —que produce el 80% del maíz consumido— es eclipsada por importaciones baratas.
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS: EL ALMA CULTURAL BAJO AMENAZA
El eslogan “sin maíz no hay país” no es retórica; es ontología. Nacido en la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria, encapsula la historia: el maíz, domesticado hace 7,000 años en México, es sustento de civilizaciones mesoamericanas. En el Popol Vuh maya, los humanos emergen de su masa; en mitos aztecas, Quetzalcóatl lo roba del inframundo para la humanidad. Hoy, consumimos 27 millones de toneladas anuales —80 kg por persona en el campo—, pero importamos el 43%, arriesgando la contaminación transgénica y la pérdida de razas nativas.
Sin él, no hay tacos, tamales ni tortillas —base de la dieta y la identidad—. El paro de hoy defiende eso: un país sin maíz soberano es un país sin raíces.
CONCLUSIÓN: HORA DE SEMBRAR JUSTICIA
Este 27 de octubre, los agricultores no bloquean carreteras; liberan un grito ahogado por décadas de olvido. Su movimiento implica no solo disrupción, sino oportunidad: para un gobierno que prometió “primero los pobres”, es el momento de valorar el campo como pilar, no como apéndice. Escuchemos, negociemos, actuemos. Porque en cada mazorca hay una historia, y en cada protesta, el futuro de México.