La carretera Manzanillo–Guadalajara se ha convertido en una de las más temidas del occidente mexicano.
Lo que debería ser un eje seguro y funcional para el comercio nacional es, para muchos, sinónimo de accidentes, bloqueos, pérdidas materiales y vidas humanas que se apagan en segundos.
Es urgente reconocer que este tramo está colapsado, no por su geografía, ni siquiera -aunque en gran medida sí lo es-, por el número de vehículos, sino por una combinación peligrosa de omisiones, exceso de tolerancia y falta de control efectivo.
Esta realidad debería preocuparnos a todos, no solo como ciudadanos, sino como seres humanos.
No se trata de estar en contra del transporte de carga. Todos comprendemos que el comercio es vital y que esta ruta es clave para el flujo de mercancías en el país. Pero no podemos permitir que este tránsito se siga dando a costa de la seguridad, del patrimonio de familias enteras, de pérdida de vidas, ni del tiempo de quienes se ven atrapados horas o incluso días en la carretera. No hay prosperidad que valga, si va acompañada de dolor y pérdida.
Sabemos bien dónde está el problema: unidades de doble remolque que circulan fuera de norma, choferes que han superado los límites de conducción permitidos por ley, bitácoras alteradas, falta de revisión técnica de las unidades y, sobre todo, una vigilancia que no logra desincentivar la infracción.
Esto no puede seguir siendo parte del paisaje normalizado de nuestras autopistas. Existen normas como la NOM-012 sobre peso y dimensiones, y la NOM-087 sobre pausas y tiempo de manejo, que deben dejar de ser letra muerta.
Este es un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades competentes y a las empresas del ramo del autotransporte; también a quien administra la autopista. Hay que asumir la responsabilidad con total claridad.
Es momento de aplicar controles internos que funcionen, de seleccionar y capacitar adecuadamente a los conductores, de llevar bitácoras auditables y cumplir sin simulación las normas que ya existen.
También corresponde a las autoridades fortalecer la vigilancia y aplicar sanciones con proporcionalidad, pero sin titubeos. Hacerlo, no solo salvará vidas, también devolverá la confianza en la actividad y en las instituciones.
La sociedad, por nuestra parte, no debemos quedarnos al margen. Cada persona que transita por estas vías, tiene el derecho de hacerlo sin miedo.
Es tiempo de ejercer ese derecho con responsabilidad: reportando al 088 de la Guardia Nacional y al 074 de CAPUFE, cualquier situación de riesgo u obstrucción. No hay que subestimar el poder de la denuncia ciudadana. Cuando es organizada y constante, logra generar transformaciones.
Hacemos un llamado a que todos alcemos la voz, en redes sociales, en los medios, en nuestras comunidades. Exijamos, de manera unida y colectiva, que se atiendan las causas del problema, no solo las consecuencias.
Porque solo así se logrará una respuesta estructural y duradera. Cuando la sociedad se manifiesta con razón, firmeza y respeto, las autoridades se ven obligadas a actuar.
Todos queremos que las mercancías lleguen a tiempo, que el país crezca, que el comercio fluya. Pero también queremos regresar a casa, sin sobresaltos ni noticias trágicas.
Es posible lograr ambas cosas. El equilibrio entre la actividad económica y el derecho a la vida está en manos de todos: gobierno, empresas y sociedad.
No hay excusa para esperar más. La carretera no puede seguir siendo sinónimo de miedo.
Actuar ahora es una obligación moral y legal. Y la solución está más cerca de lo que parece si la sociedad y el Estado, empujamos en la misma dirección. Podemos lograrlo, pero hay que hacerlo ya.