El lunes 27 de septiembre, en el Restaurante Los Naranjos Campestre, el Club Primera Plana Capítulo Colima se reunió con la senadora Mely Romero Celis. La legisladora presentó Los 50 grandes problemas que atraviesa Colima, documento basado en su tercera Gira Estatal Legislativa y en más de 850 registros ciudadanos de los diez municipios. El texto agrupa las demandas en 14 rubros: agua, salud, seguridad, servicios públicos, infraestructura vial, economía rural, tenencia de la tierra y medio ambiente, entre otros.
El diagnóstico es contundente. El agua concentra el mayor número de menciones: infraestructura deteriorada, plantas de tratamiento colapsadas que vierten a ríos y al mar, falta de presas y concesiones rezagadas. Cifras de la Comisión Nacional del Agua confirman una cobertura de saneamiento cercana al 60 por ciento, redes de drenaje con más de seis décadas en zonas urbanas clave y caudales tratados muy por debajo de la capacidad instalada. En salud se documentó escasez de personal, desabasto de medicamentos, equipo insuficiente y recortes a la prevención; al 23 de marzo de 2026 se registraron 89 casos de sarampión en el marco de un brote nacional que superó los 19 mil contagios, aunque Colima se mantiene relativamente controlado frente a Jalisco o Chihuahua.
En seguridad, la senadora reportó un aumento del 5 por ciento en la tasa de homicidios entre enero y julio de 2026, alta impunidad y condiciones laborales precarias en las policías municipales. El Inegi confirma que Colima cerró 2025 con la tasa más alta del país —89 homicidios por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la media nacional de 21.4—, y en el primer semestre de 2026 mantuvo cifras extremas (alrededor de 42 por cada 100 mil en homicidios dolosos, según México Evalúa). La entidad cuenta con apenas 0.8 policías por cada mil habitantes, menos de la mitad del estándar recomendado por la ONU (1.8), y salarios entre los más bajos del país. Completan el panorama caminos rurales deteriorados, transporte público deficiente, deforestación, ausencia de un Atlas de Riesgo actualizado y problemas de certeza jurídica en la propiedad ejidal.
La senadora presentó una agenda de 20 iniciativas legislativas: reducción de periodos de receso del Congreso, rehabilitación de rutas alternas antes de obras mayores, atención médica de 24 horas, carril exclusivo para carga pesada, compensación para pescadores afectados por el puerto en la laguna de Cuyutlán, vigilancia ciudadana sobre recursos portuarios, rehabilitación de plantas de tratamiento, seguro agropecuario universal, transparencia en Jóvenes Construyendo el Futuro, educación dual, escuelas abiertas a la comunidad, respaldo a promotores culturales y protocolos contra fraudes digitales con inteligencia artificial. Informó que se enviaron oficios a los ayuntamientos y que el inventario se llevará a la Cámara de Diputados y a dependencias federales y estatales.
Los integrantes del Club formularon observaciones que enriquecieron el análisis. Se insistió en que la seguridad es el problema prioritario, aunque la ciudadanía lo perciba como irresoluble; se propuso priorizar mandos locales en la Secretaría de Seguridad Pública y recuperar derechos laborales de los policías, como el Infonavit. Se señalaron deficiencias del Poder Judicial, especialmente en materia familiar y en el número de jueces. Se subrayó la necesidad de visibilizar a los pescadores —afectados por la ampliación del puerto de Manzanillo, que impacta más de 200 hectáreas de vegetación en Cuyutlán, incluidos manglares—, fortalecer la Contraloría Social, regular decomisos e impulsar el autoempleo juvenil. Se recordó el valor de los promotores culturales y las escuelas abiertas a la comunidad. También se advirtió sobre la saturación de los accesos a Manzanillo, donde circulan diariamente más de 7 mil vehículos de carga.
La senadora asumió todos los planteamientos. Reconoció que la seguridad es el tema central, que los policías se sienten desplazados por mandos externos y que el presupuesto del Poder Judicial es insuficiente. Aceptó visibilizar el trabajo con los pescadores, retomó la propuesta de escuelas abiertas y se comprometió a incorporar elementos de autoempleo y fortalecimiento del programa de jóvenes. Señaló límites estructurales: la oposición es minoría en el Congreso federal, la eficiencia legislativa es baja y muchas soluciones dependen del Ejecutivo o de la coordinación intergubernamental. Aun así, afirmó que seguirá proponiendo y documentando, porque colocar los temas en la agenda pública genera reacciones institucionales.
Sobre las expectativas, planteó que en el corto plazo algunas iniciativas avanzarán parcialmente o serán retomadas por otros actores. Consideró que la rehabilitación de plantas de tratamiento, la compensación a pescadores y la vigilancia de recursos portuarios podrían generar presión local y federal, ante los antecedentes de rechazo ambiental a la expansión en Cuyutlán. Destacó que el inventario de 850 registros, al ser público, facilita el seguimiento ciudadano y reduce el margen de omisión. La senadora concluyó que Colima cuenta con un mapa preciso de sus problemas estructurales y un conjunto de propuestas legislativas. El siguiente paso, afirmó, no es producir más inventarios, sino medir avances concretos sobre cada uno de los 50 puntos, con indicadores verificables y rendición de cuentas pública que trasciendan el ciclo legislativo.