En la política a la mexicana una reunión así, en privado, en Casa de Gobierno, precisamente a 8 meses del día de la elección y a 10 días del arranque del proceso electoral para renovar el gobierno estatal, no es una visita de cortesía, ni jurisdiccional; asumir eso, sería inocente. Toluca no es cualquier sede, es el centro de poder del versátil Grupo Atlacomulco y el circuito que resuelve amparos clave del centro-occidente. En Colima hemos padecido sus fallos. El nuestro es un estado pequeño, sí, pero geoestratégico.
Sobre la inédita visita (no hay datos públicos sobre alguna reunión similar aquí) de Nereida Ávalos, la magistrada presidenta de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF), a Indira Vizcaino titular del Ejecutivo del Estado; es, por lo menos, sospechoso y más, por tratarse de ellas: algo así como juez y parte. No es ilegal, pero sí da qué pensar.
Frente a lo que en su perfil de Facebook publicó la anfitriona de la casona de Galván, de que hablaron sobre “fortalecer el diálogo, siempre con respeto a las atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada poder, para sumar esfuerzos desde donde nos toca y seguir trabajando por el bienestar de las y los colimenses.” Lo que me generó más que dudas, para especular sobre las siguientes posibles causas:
1.- Establecer el blindaje anticipado para la elección de Estado. Seguramente no hablaron de violar la ley, sino de cómo se va a litigar cuando se viole. A este tiempo ya hay una ruta crítica y un mapa: uso de programas sociales, intervención de ayuntamientos afines, cargada de servidores de la nación. Necesitaban saber y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de amparos, qué suspensiones y qué criterios va a sostener ese Colegiado cuando la oposición impugne. Es la compra a futuro de una jurisprudencia a modo.
El resultado se verá cuando llegue la impugnación por coacción del voto o uso de estructura, el Tribunal Electoral local dirá que no procede, y si la oposición se ampara, el Colegiado de Toluca confirmará con criterio “técnico”. La elección quedará jurídicamente blindada, aunque políticamente cuestionable. Esa película ya la hemos visto.
2.- ¿Para qué se operaría de esta manera? Obvio, intercambio de impunidad por gobernabilidad judicial. El motivo es de fácil comprensión: La gobernadora está llegando al final de su sexenio con expedientes abiertos o por abrir -deuda, contratos, obra pública, transparencia, seguridad, etc.- El Colegiado no juzga eso, pero sus integrantes son puerta de entrada a la red de juzgados de distrito y con el Consejo de la Judicatura. Se ofrece protección futura a cambio de operación política actual.
Así de sencillo se pudo haber pactado la no judicialización del cierre de sexenio. A cambio, el circuito garantiza que los amparos contra el gobierno saliente -de empresarios, de colectivos, de periodistas- se vayan a la congeladora, como ha ocurrido, apostando a la corta memoria. El mensaje de la foto para el círculo interno de MORENA, es: “pueden operar sin miedo, tenemos el Poder Judicial Federal cubierto”. ¿Y para la oposición? Se sobrentiende.
3.- También es probable que diseñaran la judicialización de la candidatura. Es decir, en Colima la elección de 2027 no se ganará en las urnas, sino en la mesa, donde se define quién no podrá ser candidato (a). La vía podrá ser la inhabilitación por vía administrativa o penal, sea interno o externo. Para eso se necesita el juez o jueza que te diga cómo armar la carpeta para que aguante el amparo.
Con esto, en 3-4 meses se verá una denuncia muy mediática contra la o el aspirante puntero, una vinculación a proceso rápida en fiscalía local, y amparo negado en circuito. La o el aspirante quedaría fuera de la boleta por suspensión de derechos, aunque después lo absuelvan. La elección se resolvería por eliminación judicial, no por competencia.
Me quedó claro al ver la foto con las dos sonrientes, además del aviso a los suyos y la advertencia a los otros, lo más probable es que no se reunieron para ver si van a violar la ley. Se entrevistaron para acordar quién va a decir que no se violó, cuando todos sepamos que sí.