El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió por un año al juez Sergio Sigales Obrador Garrido, adscrito a Colima, quien cuenta con 25 años de carrera judicial. En noviembre del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) investigarlo por disminuir la condena a seis primo delincuentes en un procedimiento abreviado.
En su momento el juzgador señaló que su resolución se debió “ya que las penas no se ajustaban a las directrices del acuerdo general de la FGR 17/2015, que dice que cuando los acusados no tengan antecedentes, la reducción de pena debe ser mayor”.
Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) expresó su solidaridad con Obrador Garrido y rechazó la decisión de inhabilitación impuesta por el TDJ. Expuso que sancionar a una persona juzgadora por el ejercicio de su criterio judicial pone en riesgo la independencia de todos los tribunales. Advirtió que utilizar el régimen disciplinario para castigar decisiones jurisdiccionales puede generar un efecto intimidatorio sobre quienes imparten justicia. “La independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan. Es una garantía para toda la ciudadanía”.
El TDJ sancionó al impartidor de justicia inhabilitándolo por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución inmediata del cargo que ocupaba.
Para la Jufed, es inadmisible que la decisión de separar de sus funciones al juez Sigales derive de un ejercicio estrictamente interpretativo y de arbitrio judicial en la conducción de audiencias de procedimiento abreviado durante 2022, en las que privilegió el debido proceso, el principio pro persona y la tutela de los Derechos Humanos vinculados a la libertad personal frente a medidas restrictivas como la prisión preventiva oficiosa, cuando, aseguró, la propia resolución reconoce que no existió daño patrimonial alguno, ni beneficio personal o antecedentes de desempeño irregular en su expediente.
La Jufed agregó que criminalizar y sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional “envía un mensaje intimidatorio a todos los juzgadores del país y socava los cimientos de la independencia judicial”. Refrendó su acompañamiento irrestricto al juez Sigales Obrador Garrido en la defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales frente a esa determinación y reiteró que defender la autonomía y la estabilidad de quienes imparten justicia es defender al Estado de derecho y las garantías de toda la sociedad mexicana.