A través de un rotativo nacional, la ciudadanía del estado de Colima se enteró de que el pasado 2 de octubre el exsecretario de Finanzas durante la gestión del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez recibió una sentencia por peculado. No obstante, la ejecución de dicha condena quedó suspendida bajo el argumento de que no hubo daños a terceros. Durante la narrativa judicial, además, se menciona a una persona del sexo femenino que resulta totalmente irrelevante para el fondo del asunto.
Tal como se presenta la resolución del Tribunal Administrativo, el fallo parece una verdadera burla para el pueblo colimense. Esto contrasta frontalmente con lo expuesto por la propia gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, por el líder de la burocracia estatal, Martín Flores Castañeda, e incluso por la Universidad de Colima a través de su rector, el Dr. Christian Torres Ortiz Zermeño; estos dos últimos demostraron fehacientemente que sí existieron afectaciones directas derivadas de esa desviación de dinero.
La sentencia se limita a citar los daños causados al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), pero omite por completo lo sucedido con la Máxima Casa de Estudios y, sobre todo, el impacto psicológico y social que sufrieron los trabajadores al dejar de recibir sus salarios durante casi un mes —o más tiempo en varios casos—. Era previsible que la demanda concluyera en estos términos; como bien señalan diversos cibernautas, no debemos olvidar que varios integrantes del actual Tribunal Administrativo fueron colocados ahí por el exgobernador y continúan respondiendo a sus intereses.
¿Qué es el peculado? Jurídicamente, es el delito que comete un servidor público cuando se apropia, desvía o utiliza de forma indebida recursos, dinero o bienes del Estado que administra o custodia en razón de su cargo. En consecuencia, el propio tribunal local sí halló elementos suficientes para acreditar la comisión del delito. Sin embargo, en redes sociales prevalece la postura de que, con una investigación rigurosa y un tribunal imparcial, se habrían encontrado no solo una, sino múltiples razones para dictar una pena de prisión efectiva.
Si estos personajes poseyeran ética, moral y valores, entenderían que, aunque su sentencia haya sido suspendida y no restituyan lo desviado, la mancha histórica es imborrable: queda registrado que no solo fallaron como funcionarios, sino que deshonraron las profesiones que desempeñan. En otras latitudes, una condena de esta naturaleza implicaría la pérdida del título profesional. Pero para seguir viviendo en Colima y transitar por las calles con total impunidad, se requiere carecer precisamente de los principios antes mencionados.
Hasta aquí, los comentarios corresponden al sentir recopilado de cibernautas en redes sociales, charlas de café, oficinas y pláticas de banqueta. Por su parte, expertos en materia legal coinciden en que el contador Carlos Arturo Noriega debió haber cometido una falta sumamente grave para asumir en soledad toda la carga de las imputaciones. Diversos juristas sostienen que la omisión en el envío de recursos al instituto de pensiones es responsabilidad directa del Consejo de Administración y de su presidente, figura que recaía en el entonces mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez. Sin olvidar que el contador en sentencia está dentro del comité por su cargo no de finanzas sino de planeación que está contemplado dentro de la normatividad de Ipecol.
Resulta evidente que el exgobernador no iba a exigir la entrega de fondos que él mismo retenía, ni el secretario de Finanzas —quien, dicho sea de paso, no figura en el organigrama de IPECOL— actuaría de forma autónoma sin instrucción superior. Cabe recordar que el proyecto de instituto que buscaba la anterior administración era aún más leonino y perjudicial para la clase trabajadora. No obstante, el dirigente sindical Martín Flores Castañeda mantuvo una postura firme en defensa del gremio, logrando importantes conquistas laborales en el nuevo esquema de pensiones, lo que desencadenó un ríspido enfrentamiento entre el exmandatario y el líder sindical.
Frente a este escenario surge la interrogante: ¿quién está permitiendo que los verdaderos operadores del saqueo al erario y al instituto continúen libres, disfrutando de privilegios e influencias en la zona norte del estado? Hay quienes acusan a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva de encubrimiento; una postura cuestionable, pues la mandataria ha sido enfática al calificar de “bandidos” a los responsables. Otros apuntan hacia Morena, recordando que ex colaboradores del PRIAN y del propio Peraltismo ocupan hoy posiciones estratégicas en el gobierno estatal. Y tampoco se puede eximir a ciertos líderes sindicales que fueron promovidos a diputaciones y posteriormente a direcciones generales.
Esta dinámica pone de relieve una falla estructural en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas del estado. Cuando la justicia administrativa sanciona el peculado, pero suspende la pena y elude la reparación del daño patrimonial, se genera un perverso incentivo de impunidad: se valida la idea de que administrar indebidamente los recursos públicos carece de consecuencias reales. La falta de un juzgamiento integral a toda la cadena de mando no solo debilita la confianza en las instituciones judiciales, sino que condena a los entes afectados —como IPECOL y la Universidad de Colima— a cargar indefinidamente con los boquetes financieros dejados por decisiones políticas irresponsables.
Para reflexionar: la sentencia no dejó satisfecho a nadie. Quienes exigen justicia la consideran una burla y una ofensa a la ciudadanía y a los trabajadores que vieron afectado su patrimonio por la falta de pagos y el congelamiento de préstamos en IPECOL. Por su parte, los juristas consideran este fallo como una estratagema leguleya para desviar la atención y exonerar a los verdaderos culpables. Por lo pronto, el contador Carlos Arturo Noriega García ha quedado perfilado como el “malo de la película”, aunque para un análisis riguroso el peculado no sea un simple chivo expiatorio, sino la confirmación de un agravio colectivo. Para el pueblo, para la sociedad es culpable.
Para despedirme, una mirada hacia Virgilio Mendoza Amezcua, quien guarda silencio y reflexiona sobre su futuro político. Se le avizoran varias alternativas: la primera y más congruente, asumir una postura de lucha social auténtica; la segunda, optar por el retiro de la vida pública con responsabilidad hacia sus seguidores; la tercera, concentrarse en sus actividades privadas; o bien, cometer el error de respaldar a quienes en el pasado le traicionaron y hoy se benefician de la corrupción. Respaldar en su momento a Peralta Sánchez fue un tropiezo reconocido; ¿cuál será su siguiente paso? Aún no lo sabemos, pero el panorama político pronto lo revelará. Nos vemos en la próxima entrega.